AL PUEBLO EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El miércoles 15 de julio de 1998, hace 13 años, en la zona residencial de San Felipe del Agua, agencia del municipio de Oaxaca de Juárez, poco antes del medio día, fui detenido-desaparecido por elementos de la entonces Policía Judicial del Estado, en el marco del combate a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario.
A solamente 4 meses del fin del tenebroso sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano y a 16 días de elegir a quien sería su sucesor, Diódoro se quedaba sin poder, sin tiempo y sin argumentos para continuar la Guerra Sucia en los Loxicha, sin embargo esta guerra se ha mantenido hasta nuestros días, aunque ya no tengan el argumento del EPR.
Me esperaban 25 infernales días de torturas físicas y psicológicas que dieran como resultado la captura de uno más de los “comandantes” del EPR.
Desde luego que, las “confesiones” video grabadas y las firmas en hojas en blanco para utilizarlas más tarde como declaraciones auto inculpatorias presagiaban los no menos dolorosos días de la cárcel, cárcel de segregación, de incomunicación, de la tortura psicológica a cientos de kilómetros de la familia y de una adecuada defensa, en una flagrante violación a la Constitución y con la aberrante complicidad del poder judicial y legislativo, tanto estatal como federal.
Ya con el cargo de Secretario de Gobernación, como premio a sus avances en el combate a la “guerrilla”, Diódoro Carrasco Altamirano, seguía teniendo el poder necesario para ordenar el ilegal traslado de los indígenas a cualquier cárcel del país, incluido el Penal de Máxima seguridad conocido en aquel entonces como Almoloya.
Las detenciones masivas e ilegales además de la fabricación de expedientes dio como resultado la detención de cientos de indígenas zapotecos, pero el cuadro dantesco incluye ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas entre lo más selecto de estos delitos de lesa humanidad que permanecen impunes hasta la fecha, a casi 15 años de iniciada le etapa de mayor represión a los indígenas zapotecos de la Región Loxicha.
Creer que no se le dispensará impunidad a Ulises Ruiz Ortiz, en este gobierno que se dice democrático, sería pensar que quienes participaron y participan en la guerra sucia contra los Loxicha van a poner fin a la misma y castigarse como responsables, sin embargo no somos tan ingenuos.
Ahí está la vieja averiguación previa que se ha iniciado en julio de 1998 con motivo de la denuncia que realizó mi esposa por desaparición forzada y que aderezamos en el penal de Matías Romero con imputaciones directas hacia los policías judiciales y el agente del Ministerio Publico que utilizó las hojas firmadas en blanco para presentarlas como una supuesta declaración ante el Ministerio Publico, declaración que no pudo sostener.
La Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/045/2002 iniciada hace nueve años contra Diódoro Carrasco y compañía que originó nuevas detenciones arbitrarias en contra de Ignacio Gómez García y Felipe de Jesús Antonio Santiago, quienes eran denunciantes y habían sido desparecidos por cuatro y nueve meses respectivamente, meses que se sumaron a los años que pasaron en diversas cárceles, incluidos los 17 meses que pasara Felipe de Jesús Antonio Santiago en Almoloya.
Hace exactamente un año, un día, la Procuraduría General de Justicia del Estado recibió dicha averiguación ante el argumento de la PGR, de que son incompetentes para resolverla.
Ni que decir que se han excedido aberrantemente los tiempos para la consignación, en abono de la impunidad de sus compañeros de viaje.
En las comunidades siguen las ejecuciones extrajudiciales y demás tropelías de los grupos paramilitares, siguen pendientes de ejecutar órdenes de aprehensión del orden común y federal en expedientes prefabricados.
Siguen en prisión ocho presos del fuero federal desde hace casi 15 años, una nueva generación de presos del fuero común y después de casi ocho meses de este gobierno que se dice del cambio, las víctimas de la represión seguimos sin atención mientras por otro lado siguen los agravios en contra del pueblo, aunque parafraseando a la misma Comisionada derechos humanos de Gabino “es como si nada” a favor del pueblo y legitima por otro lado, al rimbombante gobierno del cambio.
aberrante salida la de Gabino declararse como uno más de los ciudadanos agraviados, para evadir sus responsabilidades, mientras se siguen acumulando las ejecuciones extrajudiciales, los meses en las desapariciones forzadas en su propio sexenio, las masacres, los enfrentamientos.
Emula al gobierno federal ante los organismos internacionales con falsas actitudes y discurso a favor de los derechos humanos, mientras cuenta con la venia de los hombres y mujeres que creen que han tomado el cielo por asalto con “su gobierno”.
Desde luego que el cambio no será en automático, el cambio lo tendrá que generar este noble y sufrido pueblo de Oaxaca, al que le quedan muchas y duras batallas por ganar.
Es decir: la lucha sigue, sigue!
Juan Sosa Maldonado
Sobreviviente de la desaparición forzada, la tortura y la cárcel en el sexenio diodorista
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El miércoles 15 de julio de 1998, hace 13 años, en la zona residencial de San Felipe del Agua, agencia del municipio de Oaxaca de Juárez, poco antes del medio día, fui detenido-desaparecido por elementos de la entonces Policía Judicial del Estado, en el marco del combate a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario.
A solamente 4 meses del fin del tenebroso sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano y a 16 días de elegir a quien sería su sucesor, Diódoro se quedaba sin poder, sin tiempo y sin argumentos para continuar la Guerra Sucia en los Loxicha, sin embargo esta guerra se ha mantenido hasta nuestros días, aunque ya no tengan el argumento del EPR.
Me esperaban 25 infernales días de torturas físicas y psicológicas que dieran como resultado la captura de uno más de los “comandantes” del EPR.
Desde luego que, las “confesiones” video grabadas y las firmas en hojas en blanco para utilizarlas más tarde como declaraciones auto inculpatorias presagiaban los no menos dolorosos días de la cárcel, cárcel de segregación, de incomunicación, de la tortura psicológica a cientos de kilómetros de la familia y de una adecuada defensa, en una flagrante violación a la Constitución y con la aberrante complicidad del poder judicial y legislativo, tanto estatal como federal.
Ya con el cargo de Secretario de Gobernación, como premio a sus avances en el combate a la “guerrilla”, Diódoro Carrasco Altamirano, seguía teniendo el poder necesario para ordenar el ilegal traslado de los indígenas a cualquier cárcel del país, incluido el Penal de Máxima seguridad conocido en aquel entonces como Almoloya.
Las detenciones masivas e ilegales además de la fabricación de expedientes dio como resultado la detención de cientos de indígenas zapotecos, pero el cuadro dantesco incluye ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas entre lo más selecto de estos delitos de lesa humanidad que permanecen impunes hasta la fecha, a casi 15 años de iniciada le etapa de mayor represión a los indígenas zapotecos de la Región Loxicha.
Creer que no se le dispensará impunidad a Ulises Ruiz Ortiz, en este gobierno que se dice democrático, sería pensar que quienes participaron y participan en la guerra sucia contra los Loxicha van a poner fin a la misma y castigarse como responsables, sin embargo no somos tan ingenuos.
Ahí está la vieja averiguación previa que se ha iniciado en julio de 1998 con motivo de la denuncia que realizó mi esposa por desaparición forzada y que aderezamos en el penal de Matías Romero con imputaciones directas hacia los policías judiciales y el agente del Ministerio Publico que utilizó las hojas firmadas en blanco para presentarlas como una supuesta declaración ante el Ministerio Publico, declaración que no pudo sostener.
La Averiguación Previa PGR/FEMOSPP/045/2002 iniciada hace nueve años contra Diódoro Carrasco y compañía que originó nuevas detenciones arbitrarias en contra de Ignacio Gómez García y Felipe de Jesús Antonio Santiago, quienes eran denunciantes y habían sido desparecidos por cuatro y nueve meses respectivamente, meses que se sumaron a los años que pasaron en diversas cárceles, incluidos los 17 meses que pasara Felipe de Jesús Antonio Santiago en Almoloya.
Hace exactamente un año, un día, la Procuraduría General de Justicia del Estado recibió dicha averiguación ante el argumento de la PGR, de que son incompetentes para resolverla.
Ni que decir que se han excedido aberrantemente los tiempos para la consignación, en abono de la impunidad de sus compañeros de viaje.
En las comunidades siguen las ejecuciones extrajudiciales y demás tropelías de los grupos paramilitares, siguen pendientes de ejecutar órdenes de aprehensión del orden común y federal en expedientes prefabricados.
Siguen en prisión ocho presos del fuero federal desde hace casi 15 años, una nueva generación de presos del fuero común y después de casi ocho meses de este gobierno que se dice del cambio, las víctimas de la represión seguimos sin atención mientras por otro lado siguen los agravios en contra del pueblo, aunque parafraseando a la misma Comisionada derechos humanos de Gabino “es como si nada” a favor del pueblo y legitima por otro lado, al rimbombante gobierno del cambio.
aberrante salida la de Gabino declararse como uno más de los ciudadanos agraviados, para evadir sus responsabilidades, mientras se siguen acumulando las ejecuciones extrajudiciales, los meses en las desapariciones forzadas en su propio sexenio, las masacres, los enfrentamientos.
Emula al gobierno federal ante los organismos internacionales con falsas actitudes y discurso a favor de los derechos humanos, mientras cuenta con la venia de los hombres y mujeres que creen que han tomado el cielo por asalto con “su gobierno”.
Desde luego que el cambio no será en automático, el cambio lo tendrá que generar este noble y sufrido pueblo de Oaxaca, al que le quedan muchas y duras batallas por ganar.
Es decir: la lucha sigue, sigue!
Juan Sosa Maldonado
Sobreviviente de la desaparición forzada, la tortura y la cárcel en el sexenio diodorista