Juan José Díaz Bermúdez
Juan Sosa Maldonado, dirigente de la OPIZ
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- La Comisión de la Verdad en Oaxaca debe tener como objetivo la investigación de los hechos, no solo del dos mil seis, además del genocidio que en mil novecientos noventa y seis el Estado mexicano cometió en contra de indígenas de la región de Loxicha. No se debe olvidar que en el gobierno de Diódoro Carrasco, donde por cierto Gabino Cué era Secretario Técnico, las prácticas de terrorismo en contra de indígenas zapotecas del sur de Oaxaca, fueron tan cotidianas como el hecho que cientos de campesinos que no hablaban el español fueron torturados, detenidos, sin tener derecho a un traductor. Hasta hoy una gran parte de ellos siguen sin poder alcanzar su libertad. En México el pensar diferente al sistema es más grave que ser narcotraficante.
Se habla de una Comisión de la Verdad, pero esta no debe ser a capricho de personajes que ya se apuntan mediáticamente para explotar los resultados. Esta Comisión no tiene porque nacer sin la libertad y la autonomía, debe por justicia investigar también los hechos posteriores al ataque de Santa Cruz Huatulco en la Crucecita, así como el asalto a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, realizada por comandos del Ejército Popular Revolucionario, encabezados en aquella ocasión por el legendario comandante “ Willy”.
Con todo el respeto que me merece Flavio Sosa Villavicencio porque el fue víctima de la represión y del sistema político mexicano, pero no debe ser parte de esa Comisión, mucho menos Margarita García García. Este organismo debe nacer limpio, que sirva para encontrar a los culpables de la represión de 2006-2007.
Que no sea una Comisión de Intermediación ( COMED) que ha servido para eso y nada que es lo mismo. La Comisión de la Verdad debe tener las facultades de investigar, que se meta de lleno a todas las posibilidades de encontrar a los responsables de las más de 21 muertes y las más de ocho desapariciones presuntamente cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa. Pero ir más allá, encontrar a los responsables del genocidio que Loxicha sufrió durante la administración de Diódoro Carrasco Altamirano.
La solicitud parte de Juan Sosa Maldonado, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas ( OPIZ), quién exige que se investigue a los responsables de las atrocidades que se cometieron en rancherías y pueblos en nombre de la democracia y la libertad. Que se haga responsable a todos quienes intervinieron para mancillar a todo un pueblo que hoy a quince años sigue sufriendo los daños colaterales de la lucha del Estado mexicano en contra del guerrilla.
La Comisión de la Verdad debe de estar formada por profesionistas y gente que conozca del caso, integra y transparente. Hay quienes han mencionado al abogado popular, Israel Ochoa Lara, como un integrante limpio que debería de formar parte de la CODEVE, se analiza también la integración de un diputado federal, un diputado local, representantes de organizaciones que no hayan tenido que ver con el movimiento del 2006 ni del genocidio de 1996.Así también representantes de las diferentes Universidades en Oaxaca y la sociedad civil.
La razón que tiene Sosa Maldonado va más allá de la simple retorica, es una verdad histórica que hoy debe de prevalecer como parte de la justicia que se le debe a los oaxaqueños.
La sociedad en Oaxaca exige justicia, si se encuentra a los responsables del 2006, que también se señale a quienes ordenaron asesinar a indígenas en 1996, hoy es el tiempo de la verdad, que el gobierno del cambio ayude para que se conozca la realidad que vivió Oaxaca, conociendo nuestra pasado lograremos un mejor futuro.
La verdad tiene que saberse, pero en esa Comisión no deben de participar quienes fueron parte de los hechos del 2006, profesores y ex miembros de la APPO, no pueden ser juez y parte. En honor a la verdad se tiene que investigar a una y otra parte. La APPO y la sección XXII por un lado y el Estado mexicano con los integrantes del gobierno de Ulises Ruiz por el otro. Oaxaca requiere de una verdad y Gabino Cué debe de favorecer esa exigencia.
Juan Sosa Maldonado, dirigente de la OPIZ
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- La Comisión de la Verdad en Oaxaca debe tener como objetivo la investigación de los hechos, no solo del dos mil seis, además del genocidio que en mil novecientos noventa y seis el Estado mexicano cometió en contra de indígenas de la región de Loxicha. No se debe olvidar que en el gobierno de Diódoro Carrasco, donde por cierto Gabino Cué era Secretario Técnico, las prácticas de terrorismo en contra de indígenas zapotecas del sur de Oaxaca, fueron tan cotidianas como el hecho que cientos de campesinos que no hablaban el español fueron torturados, detenidos, sin tener derecho a un traductor. Hasta hoy una gran parte de ellos siguen sin poder alcanzar su libertad. En México el pensar diferente al sistema es más grave que ser narcotraficante.
Se habla de una Comisión de la Verdad, pero esta no debe ser a capricho de personajes que ya se apuntan mediáticamente para explotar los resultados. Esta Comisión no tiene porque nacer sin la libertad y la autonomía, debe por justicia investigar también los hechos posteriores al ataque de Santa Cruz Huatulco en la Crucecita, así como el asalto a la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, realizada por comandos del Ejército Popular Revolucionario, encabezados en aquella ocasión por el legendario comandante “ Willy”.
Con todo el respeto que me merece Flavio Sosa Villavicencio porque el fue víctima de la represión y del sistema político mexicano, pero no debe ser parte de esa Comisión, mucho menos Margarita García García. Este organismo debe nacer limpio, que sirva para encontrar a los culpables de la represión de 2006-2007.
Que no sea una Comisión de Intermediación ( COMED) que ha servido para eso y nada que es lo mismo. La Comisión de la Verdad debe tener las facultades de investigar, que se meta de lleno a todas las posibilidades de encontrar a los responsables de las más de 21 muertes y las más de ocho desapariciones presuntamente cometidas por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz y Felipe Calderón Hinojosa. Pero ir más allá, encontrar a los responsables del genocidio que Loxicha sufrió durante la administración de Diódoro Carrasco Altamirano.
La solicitud parte de Juan Sosa Maldonado, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecas ( OPIZ), quién exige que se investigue a los responsables de las atrocidades que se cometieron en rancherías y pueblos en nombre de la democracia y la libertad. Que se haga responsable a todos quienes intervinieron para mancillar a todo un pueblo que hoy a quince años sigue sufriendo los daños colaterales de la lucha del Estado mexicano en contra del guerrilla.
La Comisión de la Verdad debe de estar formada por profesionistas y gente que conozca del caso, integra y transparente. Hay quienes han mencionado al abogado popular, Israel Ochoa Lara, como un integrante limpio que debería de formar parte de la CODEVE, se analiza también la integración de un diputado federal, un diputado local, representantes de organizaciones que no hayan tenido que ver con el movimiento del 2006 ni del genocidio de 1996.Así también representantes de las diferentes Universidades en Oaxaca y la sociedad civil.
La razón que tiene Sosa Maldonado va más allá de la simple retorica, es una verdad histórica que hoy debe de prevalecer como parte de la justicia que se le debe a los oaxaqueños.
La sociedad en Oaxaca exige justicia, si se encuentra a los responsables del 2006, que también se señale a quienes ordenaron asesinar a indígenas en 1996, hoy es el tiempo de la verdad, que el gobierno del cambio ayude para que se conozca la realidad que vivió Oaxaca, conociendo nuestra pasado lograremos un mejor futuro.
La verdad tiene que saberse, pero en esa Comisión no deben de participar quienes fueron parte de los hechos del 2006, profesores y ex miembros de la APPO, no pueden ser juez y parte. En honor a la verdad se tiene que investigar a una y otra parte. La APPO y la sección XXII por un lado y el Estado mexicano con los integrantes del gobierno de Ulises Ruiz por el otro. Oaxaca requiere de una verdad y Gabino Cué debe de favorecer esa exigencia.