Juan José Díaz Bermúdez/Análisis
En este 2020 se cumplirán trece años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR), víctimas de la saña que el Estado mexicano lleva a cabo contra luchadores sociales, por pensar diferente a las teorías de los gobiernos en turno.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador abrió una esperanza a las familias de los guerrilleros, sin embargo no ha sido así, al contrario las indagatorias hoy están más confusas. A pesar de la detención del ex procurador Evencio Nicolás Martínez, los hechos siguen sin ser esclarecidos y aún cuando la SCJN discutió el tema de los guerrilleros desaparecidos, en México la justicia sirve a los poderosos, la burocracia y la impunidad militar evitan que los cuarteles donde se supone estuvieron los insurgentes sean revisados por comisiones autónomas para deslindar responsabilidades de militares que habrían participado en la desaparición de los mandos guerrilleros en el Barrio de La Soledad en la ciudad de Oaxaca.
Hasta hoy ninguna autoridad cita al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y a su Secretario General Jorge Franco Vargas, que habrían conocido sobre el operativo contra insurgente, llevado a cabo el 25 de mayo de 2007 en inmediaciones del Hotel del Árbol en Calzada Madero en el Barrio de La Soledad.
Nadie se pregunta ni existe en las indagatorias que papel jugó George Salman, supuesto investigador social, que en realidad era un agente del gobierno norteamericano, que llegó a Oaxaca e instaló su cuartel general en Santiaguito Etla en el mes de Julio de 2016. Habría llegado con otros tres analistas y operaban en coordinación según investigaciones con la entonces Policía Federal Preventiva.
De origen israelita Salman operó en Nicaragua, El Salvador, Congo y junto con el venía Brad William ajusticiado por comando urbano de algún grupo guerrillero en Santa Lucía del Camino.
Porqué citamos lo anterior; en la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, participaron contratistas israelitas- norteamericanos, de los llamados BlackWater, que lo mismo operaban en Afganistán, Nicaragua, Guatemala, que en México.
Obvio contratados por el gobierno de Vicente Fox. Estos grupos operaron también disfrazados de policías federales, y junto con los guerrilleros habría más desparecidos, detenidos en operativos o en manifestaciones en el 2006- 2007.
Se habló de desaparecidos, jamás se investigó, todos impunemente hicieron un silencio cómplice. Pobladores de la zona de Tlacolula denunciaron fosas clandestinas. Jamás nadie tomó en serio las denuncias. El silencio y el tiempo han cubierto las atrocidades.
El repliegue de combatientes del EPR, y la ocupación inmediata de la lucha contra cárteles del narcotráfico por parte de la guerrilla en México en diferentes regiones del país, ha ocupado a los guerrilleros, lo que ha favorecido para que la impunidad en los desparecidos avance en el tiempo. Hay suficiente tiempo, siendo delitos de Lesa Humanidad. Hasta encontrarlos.