El miércoles 30 de marzo próximo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá el caso de la violación de que fue víctima mi hijo cuando tenía cuatro años de edad, terrible delito ocurrido en el Instituto “San Felipe” de la ciudad de Oaxaca. Los autores materiales siguen prófugos, a casi 4 años de que un juez dictó las órdenes de aprehensión. Uno de ellos, Gabriel Hugo Constantino García es copropietario de ese Instituto y el otro, Adán Salvador Pérez Ramírez, era el maestro de cómputo de mi niño.
La maestra Magdalena García Soto es la única persona que está presa. Ella tenía bajo su cuidado a mi pequeño y además lo conducía jalándolo y lo entregaba en manos de los depravados violadores. El eje de la defensa de los dueños del Instituto “San Felipe”, es pretender que no existió la violación, pues es la única manera en que pueden tratar de exonerar a los prófugos, que es su verdadero objetivo. La maestra Magdalena sólo ha sido un medio para librarlos a ellos de la acción de la justicia, eso explica que ella haya sido detenida mientras los violadores se ocultaban con la complicidad de Ulises Ruiz Ortiz y con la asesoría de sus primeros abogados, que eran los mismos que defendían al ex gobernador de Oaxaca, padre uno de ellos del entonces secretario general de gobierno, Jorge Franco.
Mi hijo es quien acusa y declaró claramente lo que le sucedió. Existe una jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la SCJN que dice que la declaración de la víctima de un delito sexual tiene un valor preponderante cuando está robustecida por otras pruebas, como es el caso de mi niño. También en una resolución anterior sobre el caso de mi pequeño, la Primera Sala estableció que se debía de suplir la deficiencia de la queja, cuando las víctimas sean menores de edad, al tenor de lo que establece el artículo 107 de la Constitución. En esa misma resolución la Primera Sala determinó que debe prevalecer el interés superior del menor en todo procedimiento judicial, acorde con los tratados internacionales en materia de protección a los niños que ha firmado nuestro país y que son ley.
Sin embargo los dueños del Instituto San Felipe, han hecho derroche de recursos comprando tiempos en televisa y otros medios para presionar a la Suprema Corte y sin duda que han tratado de torcer el sentido de la justicia. Aunque ellos en Oaxaca presumen que tienen “amarrado” a su favor el asunto, el resultado y los alcances de su poder económico y de sus influencias políticas las sabremos en la próxima sesión de la Primera Sala.
Como madre sólo exijo justicia para mi hijo, lo he clamado por todos los medios que han tenido sensibilidad para darme voz. Les pido a los ministros de la Primera Sala que sean congruentes con sus anteriores determinaciones en este caso, pues sin duda que fijarán criterios que trascenderán para todos los niños de México. ¿ O es que acaso tendrá que haber un cataclismo social para que podamos contar con tribunales como los que soñó José María Morelos y Pavón, que protejan al débil frente a los abusos de los poderosos ?
Leticia Valdés Martell
Felipe Edgardo Canseco Ruiz y Fortino López Vázquez, abogados coadyuvantes.
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/28/index.php?section=correo
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