lunes, febrero 21, 2011

LOGRARÁ EL PODER JUDICIAL UNA MAYOR AUTONOMÍA,CON LA REFORMA
CONSTITUCIONAL PROPUESTA POR EL EJECUTIVO DE OAXACA:LR
Juan José Díaz Bermúdez/Punto y Aparte


Oaxaca, México ( Punto y Aparte).- El Presidente Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Alfredo Lagunas Rivera, consideró que con la iniciativa de ley de la reforma Constitucional, que el Ejecutivo del Estado envió al Congreso, habrá una mayor autonomía del poder judicial.
Reconoció la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, como una reforma positiva, calificando el encuentro entre representantes del poder legislativo y judicial, de histórico, ya que se dio una mesa de trabajo con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso estatal para el fortalecimiento del Poder Judicial, es algo inédito en los últimos años que dos poderes del Estado, se reúnan para enriquecer una iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, dijo.
El punto clave de la reforma destacó Lagunas Rivera, es la autonomía del poder judicial. Aclaró que todo avance y desarrollo de una institución, depende de los recursos disponibles. Actualmente los recursos con los que cuenta el Poder Judicial de Oaxaca, son limitados, por lo que la autonomía financiera, sería uno de los pivotes que ayudaría al poder judicial, su relanzamiento en esta demanda de justicia que tiene la sociedad oaxaqueña.
Junto con la propuesta de autonomía financiera, se habla de un nuevo mecanismo para el nombramiento de magistrados, que transparentaría aún más esa designación enfatizó. La designación de los magistrados ya no estaría a voluntad del Ejecutivo.
El Ejecutivo a través de la iniciativa, está solicitando despojarse de esa prerrogativa, lo que se traduce en una mayor autonomía del poder judicial.
En años anteriores el Poder Ejecutivo estuvo interviniendo férreamente en las decisiones del Poder Judicial. Con la iniciativa que envió al Congreso el Ejecutivo, la autonomía del Poder Judicial será absoluta al tener autonomía financiera, así como el Ejecutivo no tendrá facultades para nombrar magistrados, los cuales participarían a través de una consulta pública en donde se escribirían todos aquellos que se sientan con las características y capacidades para desempeñar el cargo.