¡JUSTICIA PARA LAS MUJERES!

YA NO HAY MÁS TIEMPO PARA SEGUIR

SIENDO OMISOS EN LOGRAR JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Juan José Díaz Bermúdez 

El país atraviesa una crisis de violencia de género que ha dejado de ser una estadística alarmante para convertirse en una herida abierta y cotidiana, y Oaxaca no es la excepción. 

El brutal escenario de los feminicidios, particularmente aquellos perpetrados por las propias parejas o exparejas de las víctimas, ha escalado hasta alcanzar dimensiones sin precedente. Lo más grave de esta tragedia no es únicamente la crueldad de los crímenes, sino la peligrosa anestesia social con la que comenzamos a normalizar que por ser mujer signifique vivir bajo amenaza constante.

En los últimos tiempos, somos testigos de una transformación social impulsada por la valentía de miles de mujeres que han decidido romper el silencio y exigir que sus derechos dejen de ser pisoteados. En este contexto, la rabia que hoy expresan en las calles y en el espacio público ante la inacción del sistema judicial es completamente justificada. La apatía, el burocratismo, la desidia y la corrupción de las autoridades conforman un muro impenetrable contra el cual se estrella todos los días la legítima sed de justicia de miles de víctimas que no son escuchadas.

Ante esta realidad, la exigencia hacia las instituciones de procuración e impartición de justicia es inaplazable. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca y el Poder Judicial deben abandonar esa inercia y articular un frente común, eficaz y contundente. Es imperativo imputar, procesar y sentenciar a todo agresor denunciado por violencia familiar, acoso o violación. 

El mensaje del Estado debe ser inequívoco: se requieren penas más severas y, sobre todo, el fin absoluto de la impunidad. Ningún violentador puede seguir caminando libre por las calles tras haber destruido una vida.

Para que ese paso crucial de acudir a denunciar tenga un respaldo a la altura del coraje de las víctimas, es justo reconocer una realidad operativa: el personal en las fiscalías —incluida la especializada en delitos contra la mujer— resulta claramente insuficiente frente a la magnitud del problema. 

Si la falta de capacidad instalada es uno de los factores que impiden garantizar una justicia pronta y expedita, el Estado tiene la obligación de asignar de inmediato mayores recursos humanos, técnicos y económicos. Solo fortaleciendo estas áreas será posible abatir el enorme rezago de carpetas de investigación acumuladas, integrarlas adecuadamente y lograr imputaciones mucho más rápidas y efectivas.

A la par del fortalecimiento presupuestal, urge sensibilizar a las y los servidores públicos para que brinden una atención oportuna, empática y libre de revictimización, así como blindar estas instancias contra cualquier rastro de corrupción. 

Cuando el tráfico de influencias o el soborno penetran en los ministerios públicos, se traiciona la confianza ciudadana y se condena a las víctimas a la indefensión, impidiéndoles alcanzar una sentencia condenatoria que resarza el daño sufrido.

De igual forma, las medidas cautelares y órdenes de protección deben dejar de ser simples trámites en papel para transformarse en escudos reales. El momento posterior a la denuncia es, con frecuencia, el de mayor vulnerabilidad para una mujer. Por ello, los tres niveles de gobierno están obligados a coordinarse para garantizar un auxilio inmediato y efectivo ante cualquier amenaza o represalia por parte del agresor denunciado. Una orden de restricción sin vigilancia policial efectiva es, en la práctica, una sentencia de abandono.

Nos encontramos en un punto de no retorno. La disyuntiva para las autoridades oaxaqueñas y nacionales es clara: o asumen su responsabilidad histórica dotando de recursos, protegiendo y garantizando justicia reparadora a quienes denuncian, o seguirán siendo cómplices por omisión de una tragedia diaria. Es momento de actuar con firmeza, de erradicar el olvido institucional y de demostrar con hechos que la vida y la dignidad de las mujeres son una prioridad irrenunciable para el Estado.