LA INTERVENCIÓN INMINENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS
Juan José Díaz Bermúdez/Análisis
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El territorio nacional dejó de ser un espacio de exclusividad geopolítica del Estado mexicano hace más de una década y media, fracturado de manera sistemática desde los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y heredado con dinámicas de gobernanza criminal bajo los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.
La presencia activa de estructuras corporativas del crimen organizado con capacidad de fuego militar, sumada al reclutamiento y despliegue de combatientes extranjeros —desde exmilitares colombianos y centroamericanos hasta especialistas en guerra híbrida de diversas latitudes—, configura un escenario de "soberanía fragmentada" o Estado fallido en regiones clave del país.
Ningún gobierno puede invocar el principio de no intervención cuando el monopolio de la fuerza legítima ha sido fraccionado y compartido de facto con los cárteles.
La presión de Estados Unidos no responde a caprichos electorales coyunturales de los republicanos, sino a una recalibración estricta de su seguridad hemisférica. La designación formal de las principales estructuras criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) otorga a la Casa Blanca y al Pentágono el marco jurídico interno —bajo la doctrina de la Authorization for Use of Military Force o similares instrumentos de presión de seguridad nacional— para justificar operaciones extraterritoriales preventivas.
El argumento central que manejan los halcones en Washington es crítico: la porosidad de la frontera sur y norte, unida a la presunta vinculación o tolerancia operativa hacia redes globales y células con agendas radicales ajenas al continente, cruza la línea roja de la seguridad estadounidense.
Cuando las organizaciones del narcotráfico evolucionan hacia sindicatos del terror con dinámicas de insurgencia, el Pentágono deja de ver a México como un socio policial y comienza a evaluarlo como un riesgo asimétrico directo.
El liderazgo político en México camina sobre una cuerda floja diplomática y militar. Por un lado, la retórica oficial de soberanía busca contener el costo político interno apelando al nacionalismo revolucionario; por el otro, los hechos evidencian una coordinación subordinada y silenciosa con agencias de inteligencia extranjeras (como la DEA, el FBI y el Comando Norte) para neutralizar objetivos de alto valor estratégico que el Estado mexicano ya no puede o no quiere erradicar por cuenta propia sin costos catastróficos internos.
La narrativa de la "amistad" con Washington y la confianza en la prudencia de la administración estadounidense pecan de ingenuidad táctica. Los ciclos electorales en Estados Unidos priorizan la seguridad nacional y el espectáculo del orden interno. Si los republicanos o cualquier administración necesitan un golpe de efecto geopolítico para justificar una demostración de fuerza en su área de influencia histórica —el patio trasero doctrinal—, los errores estratégicos del Estado mexicano al permitir la consolidación de estos poderes fácticos se convertirán en el justificante legal y mediático de la intervención.
La crisis actual no se resuelve apelando a discursos de soberanía en las conferencias matutinas, sino reconociendo que la degradación institucional interna anuló la capacidad de defensa autónoma del Estado. El tiempo de la diplomacia suave se agota frente a la inminencia de una doctrina de seguridad estadounidense que considera que, ante un Estado incapaz de garantizar sus fronteras, la seguridad de Washington se debe procurar desde el territorio vecino.
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