FGR EN LA OSCURIDAD

La Mañanera de Sopas de Perico

A DOS MESES DEL CRIMEN DE ALEJANDRO LEYVA, LA JUSTICIA

SIGUE A OSCURAS

Cipriano Bernal Gazdás 

Han transcurrido dos meses desde el cobarde asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca, y el saldo más doloroso no es solo la pérdida de una vida, sino el muro impenetrable del silencio institucional. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación del caso, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca actúa formalmente en coadyuvancia. Sin embargo, a pesar de este andamiaje burocrático, la respuesta gubernamental ha brillado por su total ausencia.  

La exigencia es clara: Es el gobierno federal, en directa coordinación con la administración oaxaqueña, el que debe rendir cuentas y transparentar los avances de la indagatoria.

Las preguntas que incomodan al poder

 ¿Por qué tardar tanto? La lentitud ministerial no es neutra; en crímenes contra la libertad de expresión, cada día de opacidad alimenta la sospecha de la impunidad y debilita las pruebas clave.

 ¿Existen reservas de seguridad nacional? ¿Acaso se ocultan datos que comprometen a funcionarios públicos, o se protege información bajo argumentos de secreción que solo benefician a los agresores?

 

Resulta escalofriante y demoledor que el hermano de Leyva Aguilar haya advertido públicamente sobre la posibilidad de más ejecuciones contra periodistas. Este alarmante pronóstico pone en jaque al Estado mexicano, evidenciando una falla estructural en la protección del gremio.

Uno de los aspectos más indignantes de este proceso es constatar cómo el dolor de los familiares se transforma obligadamente en labor detectivesca. Son los deudos quienes, ante la negligencia oficial, deben recopilar indicios, buscar pistas y proporcionar datos a las corporaciones policiales para intentar mover el engranaje de la justicia.

Esta inversión de roles demuestra el fracaso de las instituciones encargadas de procurar justicia. Si las autoridades dependen de los familiares para integrar una carpeta de investigación, el Estado ha renunciado a su deber constitucional.

Urge verdad, método científico y justicia

Nadie debe ser asesinado por expresar su opinión, cuestionar la corrupción en el poder o ejercer el periodismo. La memoria de Alejandro Leyva exige que la FGR y el gobierno de Oaxaca abandonen la opacidad y apliquen un método científico riguroso —lejos de simulaciones— que no deje lugar a dudas sobre los hechos.

Se debe aplicar todo el peso de la ley tanto a los autores materiales como a los intelectuales. La libertad de expresión en México no puede seguir desangrándose bajo el peso de la indiferencia oficial.

En Oaxaca la FGR tiene una deuda histórica y hasta hoy no ha cumplido satisfactoriamente.