Oaxaca
La Mañanera de Sopas de Perico
DE VERDULERA A MILLONARIA
Cipriano Bernal Gazdás
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Bajo la apariencia de una gestión administrativa ordinaria en la Secretaría de Bienestar en Oaxaca, un análisis riguroso de las contrataciones públicas de 2025 y 2026 revela un patrón preocupante: adjudicaciones directas recurrentes a una sola empresa, opacidad temporal en las plataformas oficiales y una intrigante red de vínculos societarios que conecta directamente con personajes clave del entorno de Genaro García Luna.
Los datos oficiales, contrastados a través de la plataforma ComprasMX, exponen cómo el uso de los recursos públicos —que ascendieron a un total de $1,279,756.08 pesos— eludió sistemáticamente los principios de competencia y máxima publicidad bajo la administración de Nancy Cecilia Ortiz Cabrera.
El eje central de esta trama financiera recae sobre la empresa Gran Royalty Luxor, S.A. de C.V. Durante el ejercicio fiscal de 2025, esta compañía recibió cinco contratos por un total de $1,191,596.08 pesos, adjudicados de manera directa por la Oficina de Representación de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca (unidad compradora 020000002).
A estos se sumó una sexta adjudicación en 2026 por $88,160.00 pesos.Lo alarmante no es únicamente la concentración de los recursos en un solo proveedor, sino el calendario de su publicación en el sistema oficial: Cinco de los seis procedimientos aparecieron en ComprasMX cuando los servicios ya se habían puesto en marcha.
En el caso más extremo (contrato SB-SA-OAX-AAS-055-2025), el suministro de alimentos para personal de campo —valuado en $245,548.80 pesos— comenzó el 28 de agosto, concluyó el 25 de septiembre, pero fue publicado hasta el 7 de octubre: 40 días después de su inicio y 12 días después de haber concluido.
Con la única excepción del contrato de diciembre de 2025 (relativo a la renta de mobiliario para el Banco del Bienestar), la constante operativa de la delegación fue contratar primero y transparentar después.
Detrás de Gran Royalty Luxor asoma una red de representación empresarial que cruza fronteras estatales y conecta con la historia oscura de la seguridad pública mexicana.
El representante legal: El padrón de proveedores de Tamaulipas identifica a Miguel David Selvas Silva como la cara visible de Gran Royalty Luxor, inscripción realizada estratégicamente el 24 de enero de 2025, justo al arrancar la bonanza contractual en Oaxaca.
Registros oficiales previos de la Secretaría del Trabajo (2011) vinculan al mismo Miguel David Selvas con Excel Technical Services de México, S.A. de C.V., utilizando el correo corporativo miguel_selvas@excel.com.mx.
Investigaciones periodísticas previas han cruzado a Selvas Silva con la sociedad ADD UP Consulting Group, cuya infraestructura digital (sitio web) estuvo alojada bajo el dominio vinculado a Excel (demos.excel.com.mx).
La pista de ADD UP Consulting Group no es menor. Dicha firma ha sido señalada por transferencias millonarias —incluyendo pagos por $1,364,787.00 pesos durante 2017 y 2018— a favor de Ramón Eduardo Pequeño García, mando de la extinta Policía Federal y cercano colaborador de Genaro García Luna, ambos requeridos por la justicia de los Estados Unidos por conspiración y cargos relacionados con el narcotráfico.
El expediente de la representación federal de Bienestar en Oaxaca deja al descubierto una preocupante contradicción entre el discurso oficial de combate a la corrupción y la realidad administrativa en los estados.
Bajo la conducción política de Nancy Ortiz, los recursos destinados a programas sociales neurálgicos —como la entrega de pensiones a mujeres— sirvieron para nutrir las finanzas de una empresa con tintes opacos, plazos de publicación irregulares y una red de socios que desemboca, de manera inquietante, en las cañerías del antiguo círculo de seguridad del calderonismo.
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