PREOCUPANTE LA PROLIFERACIÓN
DE BASES SOCIALES ARMADAS Y GRUPOS DE AUTODEFENSA DEL NARCOTRÁFICO
Juan José Díaz Bermúdez/Análisis de seguridad nacional
 |
Este fenómeno trasciende la simple disputa entre facciones delictivas. Representa un desafío directo a la soberanía del Estado y a la exclusividad en el uso legítimo de la fuerza, configurando un escenario de potencial confrontación asimétrica de alta intensidad entre las fuerzas federales, estatales y municipales y estas milicias locales cooptadas.
El análisis del mapa delictivo nacional evidencia un patrón sistemático de penetración criminal en zonas con altos índices de marginación, debilidad institucional y rezago histórico:
En Oaxaca el foco rojo prioritario se concentra en la región de la Sierra Sur y el Istmo de Tehuantepec. Comunidades enteras han visto nacer grupos armados locales que, bajo el argumento de la autonomía y la protección de intereses comunales, operan como brazos de contención para los cárteles dominantes en la ruta hacia el Golfo y el Pacífico. La línea entre la policía comunitaria tradicional y el "halconeo" corporativo al servicio del crimen organizado se ha desdibujado peligrosamente.
Michoacán que está considerado la punta de lanza de la fractura institucional de las autodefensas en la década pasada, la región de Tierra Caliente y la Costa Michoacana continúan operando bajo esquemas donde células criminales disfrazadas de autodefensas controlan la producción, el trasiego y las economías locales, enfrentando abiertamente al Ejército y a la Guardia Nacional.
Chiapas por su parte en la zona fronteriza y los Altos, la disputa por el control de rutas migratorias y de tráfico de drogas ha obligado a los cárteles a reclutar y armar a bases poblacionales, generando desplazamientos forzados y un clima de pre-insurgencia criminal.
Veracruz en cambio en las regiones norte y sur del estado presentan una fragmentación de células que instrumentalizan a grupos locales de seguridad para el control de extorsión, cobro de piso y contención de operativos federales.
En Morelos la cercanía con la capital del país y la fragmentación de carteles locales han propiciado la aparición de células de choque que utilizan el escudo social para bloquear incursiones tácticas de la fuerza pública.
No se diga si de Guerrero epicentro histórico de la autodefensa armada. En regiones como la Montaña y la Costa Chica, numerosas expresiones comunitarias han sido infiltradas, cooptadas o sustituidas por estructuras de los cárteles, convirtiendo el control territorial en un obstáculo infranqueable para la fiscalización estatal.
La evolución de estas estructuras armadas no reguladas representa riesgos multidimensionales para el Estado mexicano.
La consolidación de bases sociales armadas fragmenta la autoridad del Estado, creando "islas de soberanía criminal" donde las leyes de la República son suplantadas por los intereses de los carteles.
A diferencia del sicario tradicional, estas bases sociales están compuestas por familias y comunidades enteras. Esto inhibe y complejiza la actuación de las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina, Guardia Nacional), ya que cualquier operativo de disuasión o desarme corre el riesgo de derivar en conatos de violencia masiva, donde el crimen organizado utiliza a la población civil como escudo humano o fuerza de choque.
Las estructuras comunitarias cooptadas funcionan como redes de alerta temprana hiper-eficientes. Detectan y reportan en tiempo real cualquier movimiento de convoyes militares, anulando el factor sorpresa táctico del Estado lo que pone en riesgo operativos y la vida de los combatientes del Estado.
Alcaldías y autoridades municipales operan bajo coacción directa de estas milicias, fracturando el pacto federal desde la base y consolidando economías ilícitas protegidas por el argumento de la defensa comunitaria.
El fenómeno de las bases sociales armadas en Oaxaca y el resto del corredor centro-sur-norte del país ha dejado de ser un problema de seguridad pública ordinaria para convertirse en un asunto de seguridad nacional de atención inminente. La estrategia de contención no puede basarse exclusivamente en el uso disuasivo de la fuerza, toda vez que esto jugaría a favor de la narrativa criminal de enfrentar al "pueblo" contra las instituciones.
La neutralización de esta amenaza requiere de una aproximación integral que combine:
Inteligencia financiera y operativa para desarticular a los mandos visibles e invisibles de los cárteles que financian y arman a estas estructuras.
Programas de recomposición del tejido social y presencia estatal efectiva en zonas marginadas (Sierra Sur de Oaxaca, Chiapas, Guerrero) para desincentivar la dependencia económica y de seguridad que la población tiene respecto al crimen organizado.
Planes de desarme y fiscalización estricta de cualquier cuerpo armado al margen de la ley, estableciendo protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos para evitar escaladas de violencia en comunidades vulnerables.
La inteligencia del Estado tiene plenamente mapeadas estas expresiones; el dilema estratégico radica en el costo político, operativo y social de la intervención, un umbral que deberá cruzarse conforme la expansión territorial de estas milicias comience a comprometer de manera irreversible la gobernabilidad del país.
Comentarios