¿QUEDARÁ IMPUNE LA FILTRACIÓN DE MÁS DE 30 MIL CURPS DE JÓVENES DEL COBAO?

La Mañanera de Sopas de Perico

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL EN OAXACA: FILTRACIÓN DE DATOS QUE VULNERA A LA JUVENTUD

Cipriano Bernal Gazdás 

La opacidad, el nepotismo y la incompetencia técnica han colisionado peligrosamente en el sistema educativo de Oaxaca. La filtración masiva de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de más de 30 mil jóvenes aspirantes al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao) no es un simple tropiezo administrativo: es un atentado directo contra la seguridad, la privacidad y la integridad de menores de edad. Este escándalo coloca de nueva cuenta en el banquillo de los acusados a la secretaria de Educación Pública del estado, Fernanda Chávez, y a la directora general del Cobao, Delfina Guzmán Díaz.

Una vez más se cometen delitos en el COBAO cobijado la ineptitud, la corrupción y el nepotismo.

De acuerdo con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la CURP, al igual que los domicilios y teléfonos particulares, se catalogue estrictamente como información confidencial. Exponer estos datos en redes sociales —dejándolos a merced de cualquier usuario sin filtros ni candados de seguridad— representa una violación flagrante a la ley, un delito que como bien dicen los padres de familia, debe ser sancionado con la inhabilitación y cárcel para los funcionarios implicados.

La pregunta que resuena con indignación entre los padres de familia es contundente: ¿Fue a propósito o se trata de una muestra absoluta de ignorancia e incapacidad? Cualquiera de las dos respuestas configura un escenario alarmante. Dejar expuestos los datos sensibles de aspirantes en plataformas digitales abre la puerta de entrada a delitos graves como el robo de identidad, fraudes financieros y extorsiones, poniendo en absoluto estado de indefensión a los jóvenes afectados y a sus familias.

Delfina Guzmán Díaz tiene un historial negro  que colma la paciencia, que invita a pensar que la protección de las mafias desde el gobierno de Oaxaca, sino actúa ya, le pasará factura en las próximas elecciones.

El caso de Delfina Guzmán Díaz no ocurre en el vacío. Su gestión al frente del Cobao ya arrastraba un pesado lastre marcado por señalamientos sistemáticos de corrupción y nepotismo, donde la asignación de plazas clave en áreas de finanzas y normatividad para familiares y allegados —muchos de ellos sin cumplir con los perfiles o la exigencia de cédula profesional— ha sido la constante.  

Por su parte, Fernanda Chávez, desde su posición al frente de la Secretaría de Educación Pública estatal, demuestra una cadena de mando endeble, carente de protocolos estrictos de ciberseguridad y protección de datos personales. Permitir que la base de datos de los menores quede expuesta evidencia una falta total de rigor técnico y profesionalismo institucional.  

Ante este panorama de vulneración institucional, las familias afectadas y diversas organizaciones han alzado la voz para exigir la renuncia e inhabilitación inmediata de ambas funcionarias. La protección de los datos personales de los menores no puede quedar sujeta a la curva de aprendizaje o a la negligencia de servidores públicos que entienden los cargos directivos como botines políticos y no como una responsabilidad de Estado.

Oaxaca no puede seguir tolerando administraciones que amenazan la seguridad de sus ciudadanos desde la comodidad del escritorio. La ley es clara, el daño está hecho y la exigencia ciudadana es una sola: cárcel  e inhabilitación.