ELIZABETH LARA RODRÍGUEZ; UNA BURÓCRATA QUE SIRVE A LA REPRESIÓN Y A LA MORDAZA

#Oaxaca CÓMPLICE DEL SILENCIO: ELIZABETH LARA RODRÍGUEZ Y EL AÑO QUE ENCUBRIÓ TESTIMONIOS DE TORTURA DE MIGRANTES

Sayda Morales Bustamante

Antes de dirigir la Defensoría de los @DDHPO , Elizabeth Lara Rodríguez encabezó la Quinta Visitaduría General de la @CNDH , el área encargada de migración, trata de personas y agravios contra periodistas. Ahí protagonizó, antes de llegar a Oaxaca, el mismo tipo de episodio que hoy se repite en la Defensoría estatal: información grave guardada bajo llave mientras las víctimas seguían esperando respuesta.

Entre septiembre de 2019 y febrero de 2020, personal de la CNDH recorrió seis estaciones migratorias y estancias provisionales, además de doce albergues de la sociedad civil en distintas regiones del país, y recabó 32 documentos con testimonios de tortura, amputaciones, violaciones sexuales y asesinatos de personas migrantes, entre ellas mujeres, niñas, niños y adolescentes. Las víctimas señalaron tanto a crimen organizado como a funcionarios estatales y federales de policía como responsables de las agresiones. Ese material, según la propia versión institucional de la CNDH, permaneció bajo resguardo interno hasta noviembre de 2020, cuando finalmente fue entregado a la Quinta Visitaduría para su estudio.

Un mes antes de esa entrega, el 13 de mayo de 2020, la propia Dirección General de la Quinta Visitaduría había recibido una nota informativa interna que advertía que las agresiones y secuestros de migrantes continuaban con la misma intensidad que una década atrás, cuando la Comisión sí había publicado informes especiales, en 2009 y en 2011. Esa alerta no derivó en ningún pronunciamiento público equivalente. Los testimonios, mientras tanto, fueron clasificados como información reservada, bajo el argumento de proteger la vida de los migrantes, y no se mencionó un solo caso de secuestro en el primer informe anual de actividades de la Comisión, presentado el 20 de noviembre de 2020.

La información salió a la luz por una vía que no fue institucional: el 1 de febrero de 2021, una investigación periodística reveló el ocultamiento. La respuesta de la CNDH en los días siguientes no fue transparentar lo encontrado, sino instruir a Lara Rodríguez a dar explicaciones internas, amenazar con sanciones a su propio personal por la filtración, y anunciar que había reportado a autoridades no especificadas para investigar cómo el medio obtuvo los documentos. Organizaciones de defensa de la libertad de prensa señalaron que esa respuesta desvirtuaba un trabajo periodístico legítimo, en un país que ya entonces era identificado como el más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo. Analistas en derechos humanos advirtieron que amenazar con sanciones a quien expone violaciones contradice los estándares que la propia @ONU_es establece para la protección de denunciantes.

Elizabeth Lara Rodríguez renunció el 2 de marzo de 2021, exactamente un mes después de la publicación. La CNDH confirmó la salida sin ofrecer motivos, y ella misma evitó pronunciarse sobre las causas. El informe formal que reconocía más de 70 mil migrantes víctimas de tráfico o secuestro entre 2011 y 2020 se publicó meses después, ya sin ella al frente del área.

El patrón es idéntico al que hoy se repite en Oaxaca: información sensible que permanece guardada mientras las víctimas siguen esperando, alertas internas que no se traducen en acción, y una salida que solo llega cuando la presión pública se vuelve insostenible. 

La diferencia es que en la CNDH el área que Lara Rodríguez dirigía incluía, de manera explícita, la protección de periodistas agraviados. No es un tema nuevo para ella, y tampoco es la primera vez que su gestión frente a violaciones graves termina bajo sospecha de haberlas contenido en lugar de atenderlas.

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