La Mañanera de Sopas de Perico
EL CÁRTEL DEL DESPOJO
DE LOS MURAT
Cipriano Bernal Gazdás
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Lejos de tratarse de un diferendos coyuntural, la mención abierta que involucra también al exmandatario Alejandro Murat Hinojosa, a Eduardo Murat y a Ivette Morán de Murat cristaliza años de denuncias ciudadanas documentadas por víctimas, organizaciones, medios estatales y nacionales.
Una estructura de poder al desnudo
El andamiaje institucional que permitió la alteración sistemática de folios, el uso faccioso de notarías públicas y la confabulación dentro del Instituto de la Función Registral no operó en el vacío.
Durante los periodos gubernamentales asociados a la familia Murat, el despojo inmobiliario dejó de ser un ilícito aislado para configurarse como un sistema transexenal.
Redes operativas que incluyeron desde la falsificación de documentos y el uso de sustancias químicas para borrar libros notariales, hasta la colusión de fedatarios públicos hoy prófugos o procesados.
Familias enteras y adultos mayores —como el emblemático caso de la propiedad en la calle de Colón o el patrimonio de la familia Romo Aguilar— arrojados a la indefensión jurídica tras décadas de esfuerzo legítimo.
En tanto la carpeta de investigación 375(FEMCCO)2026 continúa abierta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el gobierno estatal asegura poseer un acervo documental que vincula directamente a los miembros del clan Murat, desafiando la narrativa de opacidad que históricamente protegió a las altas esferas del poder local. Al fin un gobierno desnuda a la mafia muratista-priísta, será por eso la campaña oscura contra Salomón Jara por parte de los Murat y sus sirvientes en los medios ¿de comunicación?
Paradójicamente, mientras los expedientes judiciales avanzan a cuentagotas y se acumulan recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, persiste una asimetría evidente en el terreno público. Por un lado, figuras centrales del apellido disfrutan de espacios de expresión en diarios de circulación nacional o despliegan campañas digitales de descalificación contra quienes señalan las irregularidades; por el otro, las víctimas enfrentan un camino tortuoso para recuperar lo que por derecho les pertenece.
La persistencia de estas indagatorias y la revelación de documentos institucionales ponen a prueba la verdadera autonomía de los órganos de procuración de justicia. En juego no está únicamente el prestigio político de una familia que dominó el tablero oaxaqueño por décadas, sino la viabilidad misma del Estado de derecho en una entidad donde el patrimonio de los ciudadanos demostró ser, por mucho tiempo, vulnerable al capricho de la familia Murat y sus cómplices.
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