La Mañanera de Sopas de Perico
LA SOBERANÍA MEXICANA
BAJO FUEGO
Cipriano Bernal Gazdás
 |
La reciente andanada de decisiones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos marca un punto de inflexión sin precedentes en la turbulenta geopolítica de la seguridad binacional.
Al fijar una recompensa histórica —equiparable a la que en su momento se ofreció por los terroristas más buscados a nivel global— por la cabeza del nuevo liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Washington no sólo ha decido redoblar su apuesta contra el narcotráfico transnacional, sino que abre de par en par la puerta a una narrativa de intervención directa que socava los cimientos de la soberanía mexicana, tan manoseada por colombianos, venezolanos y cubanos.
El mapa delictivo al descubierto y la sombra de la extraterritorialidad anuncian el fin de la impunidad de los grupos delictivos.
Lo verdaderamente alarmante de esta estrategia no radica únicamente en los montos millonarios anunciados para dar con los sucesores y mandos medios del cártel de las cuatro letras, sino en la precisión táctica con la que la agencia antidrogas estadounidense (DEA) asegura operar. Al presumir el mapeo exacto de cuarteles, casas de seguridad y redes logísticas dentro del territorio nacional, la administración estadounidense envía un mensaje lapidario: si las instituciones mexicanas no desmantelan estos poderes fácticos, la lógica de la seguridad nacional norteamericana se reservará el derecho de actuar bajo el argumento de la autodefensa hemisférica.
Esta postura diluye peligrosamente las líneas rojas de la cooperación bilateral, transformando la colaboración judicial en una amenaza latente de incursión unilateral.
Se avecina un terremoto político y el fuego amigo contra la clase política, de aquellos que optarán por salvarse haciendo acuerdos extra judiciales.
Sin embargo, el frente más corrosivo de esta ofensiva no se encuentra en las sierras o en las narcocélulas urbanas, sino en los curules, los palacios de gobierno y las dirigencias partidistas. La decisión de ir tras la red de complicidades políticas —con un énfasis particular en operadores y cuadros del partido oficial, Morena— comprueba que el narcotráfico en México no sobrevive mediante la simple coacción, sino a través de un sistema de complicidades institucionales.
Las sanciones administrativas, la cancelación masiva de visados a legisladores, alcaldes y gobernadores (como los señalados en regiones clave del país) configuran una lista negra que pone contra las cuerdas al sistema político mexicano. Se habla de decenas de perfiles bajo la lupa de la justicia estadounidense, evidenciando que para Washington el soborno y el financiamiento ilícito de campañas han cruzado la frontera de la tolerancia geopolítica.
La crisis actual exige una respuesta de Estado que vaya más allá del discurso de la soberanía herida. Si México no limpia su propia casa y judicializa con transparencia a los actores políticos señalados por su colusión criminal, el costo será la pérdida total del control sobre su agenda interior, cediendo prioridad de la justicia a Washington bajo el pretexto de un Estado fallido.
Comentarios