NEPOTISMO Y CORRUPCIÓN PROTEGIDOS POR CONTRALORÍA

La Mañanera de Sopas de Perico

LA CONTRALORÍA DEL SILENCIO:IMPUNIDAD Y CÓMPLICE DE LA INNACIÓN,ANTE LAS SOMBRAS EN SECULTA  Y COBAO

Cipriano Bernal Gazdás 

Hay silencios que ensordecen y omisiones que matan la esperanza de cambio. En el servicio público, cuando la evidencia de la corrupción, el conflicto de interés y el nepotismo salta a la vista de cualquier ciudadano, la inacción de los órganos encargados de impartir justicia administrativa deja de ser un simple descuido: se convierte en una complicidad institucional de Estado.

Hoy, los nombres de Flavio Sosa Villavicencio —desde su posición de influencia— y de Delfina Guzmán Díaz en el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), encarnan una preocupante radiografía de cómo las viejas prácticas del clientelismo político y el reparto de cotos de poder siguen operando con total impunidad. Y lo más grave no es la voracidad de los actores políticos de siempre, sino la postura sumisa, ciega y cómplice de la Secretaría de la Contraloría.

Las instituciones públicas no deberían ser botín de facciones ni agencias de colocación para allegados y familiares. Sin embargo, en dependencias clave como la Secretaría de las Culturas y Artes (SECULTA) y en pilares educativos como el COBAO, las denuncias sobre redes de nepotismo, designaciones a modo y el uso de recursos públicos para intereses de grupo se acumulan en los escritorios oficiales sin que ocurra absolutamente nada a pesar de ser un delito.

Mientras las filtraciones y los escándalos por el control político de las instituciones se ventilan a cielo abierto —exhibiendo disputas internas, fuego amigo y la colocación estratégica de incondicionales en puestos clave—, la Contraloría estatal parece operar bajo un extraño hechizo de catatonia burocrática.

¿Dónde quedó la promesa de combatir con firmeza la corrupción? ¿A qué intereses responde la tibieza de una dependencia que prefiere mirar hacia otro lado mientras se socava la legalidad y la moral pública?

La protección y la impunidad se han convertido, por desgracia, en la carta de presentación institucional en SECULTA y el COBAO. Cuando la ley se aplica de forma selectiva —castigando al ciudadano de a pie pero blindando a los operadores políticos con padrinos influyentes—, el Estado de derecho se desmorona.

La Secretaría de la Contraloría tiene una responsabilidad constitucional ineludible: investigar, sancionar y erradicar los abusos de poder. No obstante, su silencio actual ante los señalamientos que envuelven a figuras como Sosa Villavicencio y Guzmán Díaz envía un mensaje devastador a la sociedad: en Oaxaca, la lealtad a los grupos políticos pesa más que la ley.

La opacidad no solo degrada el ejercicio gubernamental, sino que traiciona los principios fundamentales de la transformación que tanto se proclama. 

Permitir que los espacios de cultura y educación se conviertan en trincheras de privilegios personales es condenar el futuro del estado.

La ciudadanía exige dejar atrás el pacto de impunidad. Es imperativo que la Secretaría de la Contraloría rompa el silencio, actúe de oficio y abra investigaciones transparentes y sin sesgos políticos. Si la Contraloría sigue callando, su inacción dejará de ser una sospecha para convertirse en la prueba más clara de que la corrupción, en los hechos, se sigue protegiendo desde las altas esferas del poder.