LA DEFENSORÍA QUE NUNCA ENCUENTRA CULPABLES: LA BLANDURA DE ELIZABETH LARA RODRÍGUEZ ANTE LAS AGRESIONES A PERIODISTAS
Editorial — Sayda Morales Bustamante
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Hay una regla no escrita que rige la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) bajo Elizabeth Lara Rodríguez cuando un periodista denuncia una agresión de un funcionario público: casi nunca hay agresión, o no hay manera de probarla. No es una excepción ocasional. Es, en los hechos, el resultado por default. Y ese patrón no es un defecto técnico de la institución. Es una decisión sostenida de mirar para otro lado.
El problema no es solo lo que la Defensoría no resuelve. Es lo que esa inacción enseña. Cuando un funcionario agrede, amenaza o intimida a un periodista y la respuesta institucional es, sistemáticamente, “no se puede concluir que hubo agresión”, el mensaje que reciben todos los demás funcionarios es claro: se puede. Se puede hostigar, se puede amenazar, se puede intimidar a la prensa, porque la instancia que debería documentarlo y sancionarlo prefiere la ambigüedad antes que el conflicto. Esa blandura no es neutralidad. Es una licencia de facto para seguir agrediendo.
Lara Rodríguez ha construido, en el discurso, un perfil de defensora comprometida: ha presentado defensorías especializadas, ha hablado en foros sobre la importancia de proteger a periodistas y activistas, ha repetido que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar las agresiones en su contra. El problema es que ese discurso no se sostiene con los expedientes. Reportes periodísticos ya han documentado que las agresiones contra la prensa en Oaxaca se mueven entre la impunidad y la simulación institucional: mucho anuncio de mecanismos, poca resolución real de los casos que llegan a la Defensoría.
Una institución de derechos humanos que sistemáticamente no encuentra responsables no está siendo cautelosa ni rigurosa. Está siendo funcional al poder que debería vigilar. Cada vez que la DDHPO cierra un caso de agresión a un periodista sin sanción ni responsable identificado, no está protegiendo el debido proceso: está protegiendo al funcionario señalado, y dejando al periodista agredido sin más respaldo institucional que su propio testimonio.
Si Elizabeth Lara Rodríguez no es capaz de que su Defensoría documente, investigue y sancione con seriedad las agresiones de funcionarios públicos contra periodistas, no tiene sentido que continúe al frente de una institución cuyo mandato constitucional es, precisamente, ese. O pone mano dura de manera inmediata y verificable, o debe dar un paso al costado. Lo que no puede seguir es la simulación disfrazada de institucionalidad, mientras los periodistas de Oaxaca siguen expuestos a funcionarios que ya aprendieron que agredir a la prensa no tiene consecuencia alguna.
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