EL ARQUITECTO PORTUGUÉS Y LA EMPRESA FANTASMA: JOÃO BOTO CACIRO, SEÑALADO COMO OPERADOR DE LA CORRUPCIÓN EN INPAC
Sayda Morales Bustamante
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El señalamiento coloca a un particular extranjero, vinculado a la institución cultural más influyente de Oaxaca, en el centro de la operación que costó al erario estatal más de 10 millones de pesos entregados a una empresa que no existía más que en el papel.
El 12 de septiembre de 2025, el SAT notificó a Baumar mediante el oficio 500-05-2025-31596, bajo los supuestos del artículo 69-B del Código Fiscal: simulación de operaciones, ausencia de activos, ausencia de personal, falta de capacidad material.
Trece días después, el 25 de septiembre de 2025, el INPAC firmó con esa misma empresa el contrato INPAC/07/DG/UJ/IRTC-FCP/2025, por $34,896,555.78 pesos, para la intervención del Museo de Arte Ritual en Culturas Originarias, bajo la modalidad de invitación restringida, la que menos transparencia exige. Y transfirió de inmediato un anticipo del 30 por ciento: $10,468,966.73 pesos.
El 15 de mayo de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó el oficio 500-05-2026-11385: Baumar quedó en el listado definitivo del 69-B. No pudo desvirtuar nada.
El artículo 32-D del Código Fiscal es categórico: ninguna dependencia pública puede contratar con contribuyentes en supuesto del 69-B, y la prohibición opera desde la notificación, no desde la resolución definitiva. Desde el 12 de septiembre de 2025, contratar con Baumar era ilegal.
El caso Baumar no es un episodio suelto. Es el capítulo más reciente de un esquema que este medio ha documentado durante meses, con un hilo conductor constante: el ecosistema profesional formado en torno a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C., instalado en el circuito INPAC–SINFRA y convertido en receptor sistemático de dinero público.
Gerardo Virgilio López Nogales. Arquitecto. Fue Director de Casa de la Ciudad y del Taller de Restauración de la Fundación. Entre 2023 y 2025 acumuló contratos del INPAC por $88,293,693.63 pesos.
Miriam Berenice López Canseco. Esposa de López Nogales. Hoy subsecretaria de Ordenamiento Territorial de la SINFRA. En 2023, cuando su esposo comenzó a recibir los contratos, ella era directora de obra en el propio INPAC, el área que interviene técnicamente en la estructuración de los proyectos que después se adjudicaron a su cónyuge.
Carlos Vichido Hernández. Compadre de López Nogales. También colaboró en la Fundación, en el área de proyectos e investigación. Mantiene relación familiar política con el primer círculo del poder estatal.
Sildia Mecott Gómez. Titular del INPAC al momento de la adjudicación a Baumar. Su firma aparece en el contrato y en la autorización del anticipo millonario. En lugar de ser investigada, fue ascendida a titular de la SINFRA, la dependencia con mayor volumen de contratación de obra pública del estado. No existe constancia pública de procedimiento de responsabilidad alguno en su contra.
João Boto Caciro. Arquitecto portugués. Actual arquitecto de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C. Señalado por fuentes de dos administraciones como el operador de Baumar.
¿Operó el arquitecto portugués João Boto Caciro el proceso licitatorio de invitación restringida que derivó en la adjudicación de $34.8 millones de pesos a Baumar, una empresa notificada por el SAT trece días antes bajo el artículo 69-B?
¿Fue João Boto Caciro quien elaboró, revisó o dictaminó los proyectos ejecutivos y las especificaciones técnicas de una obra que Baumar cobró sin tener personal ni activos para ejecutarla?
¿Ejecutó o supervisó João Boto Caciro los trabajos de "construcción" que la empresa fantasma facturó al erario oaxaqueño?
¿Qué vínculo profesional, contractual o de colaboración existe entre João Boto Caciro y los responsables, representantes o accionistas de Servicios de Ingeniería y de Construcción Baumar S.A. de C.V.?
¿Tiene conocimiento la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C. de que su arquitecto es señalado por fuentes de alto nivel de dos administraciones como operador de una empresa que el SAT confirmó como fantasma
Este es un esquema que sobrevivió al cambio de sexenio, que atravesó gobiernos de signo opuesto y que opera sobre el bien más sensible de Oaxaca: sus museos, sus templos, su memoria construida. Los mismos nombres. El mismo circuito. El mismo destino para el dinero.
La Secretaría de Honestidad, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción tienen documentos públicos suficientes para actuar hoy mismo: el oficio del SAT, el contrato del INPAC, la transferencia del anticipo, la publicación en el DOF.
Y mientras esa voluntad aparece, el patrimonio cultural de Oaxaca sigue siendo administrado por un circuito que se protege a sí mismo, premia a quienes lo sostienen y entrega millones a empresas que no existen.
#Oaxaca
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