¡EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
DEBE CONSOLIDARSE YA!
Jesús Martínez Olivera
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Sin embargo, la realidad ha demostrado ser una fuerza implacable: el pasado no se olvida, simplemente espera el momento adecuado para cobrar factura.
Hoy, ese pasado ha alcanzado a Ramírez Puga Leyva. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCO) ha puesto la mira sobre su gestión, integrando formalmente la carpeta de investigación FEMCCO/DIPHCAPYPEO/1655/2026 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Un mecanismo de simulación al descubierto
Lo que la investigación expone no es un error administrativo menor, sino un esquema de presunta corrupción que resulta indignante para la ciudadanía. La acusación es contundente: bajo el mando de Ramírez Puga Leyva, la CEA adjudicó y, más grave aún, dispersó cerca de 39 millones de pesos —recursos provenientes de deuda pública que debieron destinarse al bienestar colectivo— a una entidad que carecía de toda legitimidad.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sido categórico al clasificar a dicha empresa como fantasma. Sin activos, sin personal y sin capacidad operativa alguna, la firma funcionó únicamente como un conducto para el desvío de dinero. Es inaceptable que el erario se haya drenado hacia el vacío, mientras el exfuncionario ostentaba la responsabilidad de administrar un recurso tan vital para el desarrollo del estado.
El ex director de comunicación social en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz ante la verdad usa la vieja táctica de la evasión.
Ante la contundencia de las pruebas y la gravedad de los señalamientos, la reacción de Ramírez Puga Leyva ha sido previsible, aunque no menos reprobable. Lejos de ofrecer una explicación coherente o rendir cuentas claras sobre el destino de esos 39 millones de pesos, el exfuncionario ha optado por la salida más sencilla y peligrosa para la democracia: la descalificación.
En lugar de enfrentar los hechos, el sujeto ha intentado poner en entredicho la labor periodística de @InquisidorOax, medio que ha sido pieza clave en la exhibición de estas irregularidades. Criminalizar al mensajero es una estrategia arcaica, utilizada solo por quienes carecen de argumentos para sostener su inocencia. Intentar desprestigiar el trabajo de investigación periodística no borra la existencia de una carpeta abierta en la fiscalía ni valida la contratación de empresas fantasma.
El imperativo de la rendición de cuentas
Este caso representa una prueba de fuego para las instituciones locales. La judicialización de este expediente no es solo un trámite legal; es un mensaje necesario sobre el fin de la era de la impunidad.
El ejercicio ilícito del servicio público, cuando se traduce en el saqueo de los recursos de los contribuyentes, constituye una afrenta directa a la confianza pública.
La sociedad ya no demanda cortinas de humo, sino resultados judiciales tangibles. El expediente 1655/2026 debe seguir su curso sin cortapisas ni dilaciones. La justicia tiene en sus manos la oportunidad de marcar un precedente: que el servicio público sea un ejercicio de honor y no una plataforma para el enriquecimiento ilícito a costa de las arcas públicas.
Ramírez Puga Leyva deberá enfrentar el rigor de la ley. La pregunta que queda en el aire no es si el expediente lo alcanzó, sino hasta dónde llegará la fiscalía para desmantelar la red que permitió que millones de pesos desaparecieran, mientras el otrora “poderoso” funcionario priísta intenta, en vano, silenciar a quienes exigen la verdad.
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