LA VERDAD SOBRE EL SILENCIO:UNA DEUDA PENDIENTE CON LA DRA. NATALIE DÍAZ
Adriana Tenorio Woorlich/Bloque Feminista Radical
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| El derecho a la verdad no es una concesión graciosa del Estado; es un pilar fundamental de la justicia y una necesidad imperativa para quienes sobreviven a la tragedia. En el caso de la doctora Natalie Díaz, el tiempo no ha logrado disipar las sombras que rodean su muerte, y hoy, las víctimas indirectas enfrentan una realidad lacerante: la ausencia de certezas ante un sistema que prefirió la comodidad de la etiqueta sobre el rigor de la investigación. |
El 25 de septiembre de 2022, la vida de la doctora en Ginecología Jasibhe Natalie Díaz Morales, fue arrebatada en un atropellamiento que la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, con una alarmante carencia de capacidad científica, decidió clasificar meramente como un accidente de tránsito. Esta simplificación administrativa no solo cerró puertas; las selló. Al ignorar el contexto de violencia familiar preexistente, donde el ahora imputado RAOG figura como el presunto agresor, el Estado falló en conectar los puntos de un mapa delictivo que hoy clama por ser redibujado.
La declaración del taxista, JLMC, en la audiencia inicial —"yo no quería matarla"— resuena no como un lamento de inocencia, sino como una confesión fragmentada que exigió ser analizada bajo una óptica criminalística profunda. Si el autor material admite la acción, pero niega el propósito, la pregunta que surge es inevitable y urgente: ¿Quién le dio la orden? -Está declaración no pedida se hizo ante el juez de control en la audiencia inicial y no tuvo impacto sobre la carpeta, pero sigue resonando-
La narrativa oficial debe ser desafiada. Es imperativo que la justicia despeje las dudas sobre los vínculos entre el imputado por violencia familiar (RAOG) y el conductor del vehículo (JLMC). ¿Existió una asociación delictuosa? ¿Fue este evento una tragedia inducida, un feminicidio disfrazado de siniestro vial? La posibilidad de que el agresor estuviera presente o fuera el autor intelectual es una línea de investigación que nunca debió descartarse y que hoy, ante la falta de respuestas, cobra más fuerza que nunca.
Las víctimas indirectas no buscan únicamente una sentencia; buscan la reconstrucción de la verdad. Clasificar este hecho como un simple accidente cuando existen indicios de una trama de violencia y posible complicidad es revictimizar a quienes aún lloran la pérdida de Natalie. La sociedad oaxaqueña y la familia de la doctora merecen saber si el sistema de procuración de justicia en el gobierno de Alejandro Murat fue cómplice, por omisión o negligencia, de un feminicidio que se intentó borrar bajo la apariencia de un suceso fortuito.
El derecho a la verdad implica reabrir, profundizar y aplicar un enfoque de género y científico que sea capaz de mirar más allá de un expediente de tránsito. Justicia no es solo castigar a un violentador o a un conductor; justicia es desentrañar el complot, identificar a los autores intelectuales y devolverle a la memoria de Natalie Díaz la dignidad de la verdad. La justicia que se posterga por incompetencia es una justicia que se le niega, una vez más, a la víctima.
Para avanzar en la exigencia de una investigación exhaustiva y técnica que transforme el caso de un simple "accidente" a lo que, por el contexto, parece ser un feminicidio, las víctimas indirectas cuentan con herramientas jurídicas fundamentales. El derecho a la verdad no es solo un principio moral, sino una garantía procesal respaldada por tratados internacionales de Derechos Humanos.
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