#Oaxaca LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓN YA INVESTIGA A HÉCTOR PABLO PUGA LEYVA: EL REGIDOR DE OAXACA DE JUÁREZ ENFRENTA CARPETA POR EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO
Sayda Morales Bustamante
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El expediente que Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva intentó dejar atrás cuando salió de la Comisión Estatal del Agua lo alcanzó. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCO) integra en su contra una carpeta de investigación por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, bajo el expediente FEMCCO/DIPHCAPYPEO/1655/2026.
La investigación gira en torno a su actuar al frente de la CEA, dependencia que bajo su gestión adjudicó y pagó casi $39 millones de pesos —con recursos de deuda pública— a una empresa que el Servicio de Administración Tributaria confirmó como fantasma, sin activos ni personal.
Y hay un dato que confirma que la carpeta avanza: en los últimos oficios que este medio tuvo a la vista, la propia Fiscalía estaría solicitando al municipio de Oaxaca de Juárez el nombramiento del propio Puga Leyva, quien hoy se ostenta como regidor de la capital.
El hombre que pretende presentarse como faro de la anticorrupción ya tiene una carpeta abierta por corrupción. Y la Fiscalía ya fue por sus datos.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción integra en el expediente FEMCCO/DIPHCAPYPEO/1655/2026 una serie de oficios mediante los cuales investiga el actuar corrupto del exfuncionario de la CEA.
El delito que se investiga es el ejercicio ilícito del servicio público, figura tipificada en el Código Penal del Estado de Oaxaca que se configura cuando un servidor público, en el desempeño de su cargo, realiza actos o incurre en omisiones que causan daño a los intereses del Estado en contravención a las normas que regulan su actuación.
El expediente que hoy investiga la FEMCO tiene su origen en la gestión de Puga Leyva al frente de la Comisión Estatal del Agua.
Mediante el contrato 12R100-CBNB-363MDP-181-03-016/2020, fechado el 15 de julio de 2020, la CEA adjudicó por $38,857,817.04 pesos una propuesta conjunta en la que participaba Estructuras Arquitectónicas Tholoi S.A. de C.V., para la obra “Ampliación del Sistema de Agua Potable Sector 6 en el Municipio de Juchitán de Zaragoza”.
Tholoi fue incluida en el listado de empresas que simulan operaciones en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, mediante el oficio 500-05-2021-26246 del SAT, por no contar con activos ni personal. Una empresa fantasma, sin la capacidad material para ejecutar absolutamente nada.
El origen de los recursos agrava el caso: el contrato se financió con deuda pública, proveniente de un crédito de Banobras, bajo el procedimiento de licitación EO-920024998-N011-2020. Bajo la gestión de Puga Leyva, la CEA pagó un anticipo del 30 por ciento consistente en $11,657,345.00 pesos, más las estimaciones acumuladas hasta mayo de 2021, a esa empresa simuladora.
La carpeta de la FEMCO no nace de la nada. Tiene un antecedente fiscalizador contundente.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, en el Informe Individual de la Cuenta Pública Estatal 2020, dentro de la orden de auditoría OA/CPE/09/2021 practicada a la Comisión Estatal del Agua, emitió el Resultado 24 con observación sobre esa misma obra.
El OSFE constató que la entidad fiscalizada no integró el dictamen técnico señalado en el convenio de diferimiento en tiempo del 9 de septiembre de 2020. Requerida para justificar o aclarar, la CEA presentó documentación a través del oficio CEA/DP/0249/2021. Pero tras analizarla, el Órgano Superior de Fiscalización determinó que subsiste la observación, al concluir que el dictamen técnico presentado difería de la descripción requerida en nomenclatura y fecha de emisión, por lo que la evidencia no resultaba suficiente para solventar el resultado.
Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva se ostenta hoy como regidor del municipio de Oaxaca de Juárez. Desde esa posición, pretende proyectarse como una figura de combate a la corrupción, como adalid de la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero mientras construye ese discurso, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción lo investiga por ejercicio ilícito del servicio público, integra oficios en su contra y solicita al propio municipio donde es regidor los datos de su nombramiento.
El faro anticorrupción es, en realidad, un investigado por corrupción. El que predica transparencia tiene una carpeta abierta por opacidad.
El que exige cuentas es requerido por la Fiscalía por las cuentas que dejó en la CEA.
No hay manera de sostener simultáneamente las dos posiciones. No se puede ser cruzado de la honestidad pública y, al mismo tiempo, sujeto de una investigación ministerial por haber pagado millones de deuda pública a una empresa fantasma. Una de las dos identidades es falsa. Y los documentos dejan claro cuál.
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