Sayda Morales Bustamante
Los Servicios de Salud de Oaxaca, bajo la dirección general de Efrén Emmanuel Jarquín González y con la firma operativa de Mitzi Dayli García Díaz, Subdirectora General de Administración y Finanzas, contrataron a SERPROSEP S.A. de C.V. para prestar servicios de seguridad y vigilancia en hospitales y clínicas del estado. Le pagaron por encima del mercado local.
Desplazaron a empresas oaxaqueñas para dárselo. Y lo hicieron a través de un esquema de facturación triangulada con una empresa llamada MÁXIMA GUÍA, cuyo domicilio fiscal corresponde, según búsquedas de localización, a una carpintería en Tlalnepantla, Estado de México.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que SERPROSEP, cuyo director general es Christian Pablo Varela Escobedo, comparte domicilio con la empresa Acurgen S.A. de C.V. en el número 350 de la calle Séneca, colonia Polanco, inmueble propiedad del hijo de Julia Abdalá Lemus, empresaria y pareja del exfuncionario Manuel Bartlett.
Pero el dato que convierte este contrato en un asunto de seguridad nacional está en el expediente de la causa penal 495/2025, instruida en un juzgado federal en Querétaro contra la red criminal encabezada por Raúl Rocha Cantú, identificado públicamente como el dueño de Miss Universo y hoy prófugo de la justicia tras la emisión de una orden de aprehensión el 15 de diciembre de 2025, luego de que la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, anulara el acuerdo de testigo colaborador que había sido firmado bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero.
En ese mismo expediente, Christian Pablo Varela Escobedo —director general de SERPROSEP, la empresa contratada por los SSO— aparece mencionado como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las cinco compañías utilizadas por la organización de Rocha Cantú para traficar armas.
¿Armas para quién? basados en el expediente de la FGR, son precisos: la red de Rocha Cantú suministraba armamento al Cártel Jalisco Nueva Generación y a La Unión Tepito, dos de las organizaciones criminales más violentas y peligrosas que operan en México.
Léase una vez más con toda la claridad que merece: el director de la empresa que custodia hospitales públicos de Oaxaca está vinculado en un expediente penal federal activo a una red criminal que traficaba armas para el CJNG y La Unión Tepito. Y esa empresa fue contratada, con decenas de millones de pesos del erario oaxaqueño, por Efrén Emmanuel Jarquín González y Mitzi Dayli García Díaz.
La red de Rocha Cantú no se limitaba al tráfico de armas. De acuerdo fichas informativas de la FGR y SEDENA, la organización operaba también esquemas de robo de combustible —huachicol— con rutas desde Guatemala, cuyos beneficios ilícitos eran canalizados hacia sus empresas comerciales para su lavado.
SERPROSEP, empresa que comparte domicilio con Acurgen —compañía vinculada directamente a este entramado—, forma parte del ecosistema empresarial señalado en esas investigaciones.
Los SSO no contrataron a una empresa de seguridad cualquiera. Contrataron a una empresa cuyo director está documentado como representante legal de una firma usada para traficar armas a cárteles, que comparte domicilio con el entorno empresarial de una red de huachicol y lavado de dinero, y que cobra a través de otra empresa cuya dirección fiscal es una carpintería en el Estado de México.
Los contratos son elocuentes en su escala: en octubre de 2025, los SSO pagaron 17 millones 279 mil pesos bajo el contrato 55/2025. En diciembre del mismo año, 27 millones 572 mil pesos por el mismo concepto. Todo facturado no por SERPROSEP sino por MÁXIMA GUÍA, la empresa fantasma de la carpintería en Tlalnepantla.
Los SSO financiaron en 2025 a una empresa vinculada con el huachicol y la delincuencia organizada.
Esa es la pregunta que Efrén Emmanuel Jarquín González y Mitzi Dayli García Díaz tienen que responder con nombre, fecha y firma. ¿ Porque contratar a una empresa cuyos vínculos con redes criminales vinculadas al CJNG y La Unión Tepito están documentados en un expediente penal federal.
La causa penal 495/2025 es pública. El nombre de Christian Pablo Varela Escobedo está en ese expediente. SERPROSEP comparte domicilio con el entorno de Bartlett. Su director está vinculado al tráfico de armas para cárteles.
Lo que sigue sin existir es una rendición de cuentas. Y eso, tratándose de funcionarios que presuntamente canalizaron dinero público a una red vinculada al crimen organizado más violento del país, ya no es solo una omisión.
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