Sayda Morales Bustamante
Hay funcionarios que roban con disimulo. Hay otros que roban con descaro. Y hay quienes lo hacen con una audacia tan escandalosa que termina por convertirse en un problema que ya no cabe dentro de las frontera
s del estado ni del país.
Efrén Emmanuel Jarquín González, director general de SSO, y Mitzi Dayli García Díaz, Subdirectora General de Administración y Finanzas de esa misma institución, pertenecen a esa última categoría. Y lo que los documentos revelan sobre sus decisiones de contratación es, a la luz de lo que hoy ocurre en el tablero geopolítico entre México y Estados Unidos, una bomba de tiempo con mecha encendida.
Ambos funcionarios autorizaron contratos millonarios con SERPROSEP S.A. de C.V., empresa de seguridad privada cuyo director general, Christian Pablo Varela Escobedo, aparece mencionado en el expediente de la causa penal 495/2025 como representante legal de Servicios Terrestres de Seguridad Privada (SETER), una de las cinco empresas utilizadas por la red criminal de Raúl Rocha Cantú para traficar armas. ¿Armas para quién? Para el Cártel Jalisco Nueva Generación y para La Unión Tepito. Dos de las organizaciones criminales más sanguinarias que operan en México y que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su radar con nombre, estructura y expediente propio.
Los SSO firmaron contratos por más de 114 millones de pesos en apenas tres meses. Desplazaron a empresas oaxaqueñas que cobraban 14 mil pesos por elemento. Ignoraron a la PABIC que operaba a 19 mil. Y le entregaron el negocio a SERPROSEP a 22 mil pesos por elemento, facturado además a través de MÁXIMA GUÍA, una empresa cuyo domicilio fiscal, según búsquedas de localización, corresponde a una carpintería en Tlalnepantla, Estado de México. Un esquema de outsourcing diseñado para evadir impuestos, pulverizar responsabilidades y hacer opaco lo que por ley debe ser transparente.
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha declarado : “La corrupción no solo frena el progreso, lo distorsiona.” Y el gobierno de Donald Trump, según reveló el Los Ángeles Times, está considerando activamente presentar cargos en tribunales federales estadounidenses contra funcionarios mexicanos vinculados a la corrupción o con nexos con el crimen organizado.
El CJNG y La Unión Tepito no son organizaciones que Estados Unidos observa con indiferencia. Son estructuras criminales que Washington ha designado como objetivos prioritarios de seguridad nacional. Y cuando un expediente penal federal mexicano documenta que la empresa contratada por funcionarios de un gobierno estatal para custodiar hospitales públicos tiene vínculos directos con quienes traficaban armas para esos cárteles, el asunto deja de ser un problema de auditoría interna para convertirse en algo de una naturaleza completamente distinta.
Jarquín González y Mitzi Dayli García Díaz autorizaron pagos a una empresa cuyo director está en un expediente por vínculos con redes armadas del CJNG. Lo hicieron con recursos públicos. Lo hicieron ignorando instrucciones de austeridad y contratación local. Lo hicieron mientras los hospitales se quedaban sin guardias y los directores eran amenazados para que no hablaran.
Este es el tipo de expediente que cruza fronteras. Los documentos existen. La causa penal existe. Los vínculos con el CJNG y La Unión Tepito están en el expediente. Los 114 millones facturados a través de una carpintería existen. La advertencia de Washington también existe.
Y el reloj, para Jarquín González y Mitzi Dayli García Díaz, ya está corriendo.
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