DENUNCIAN POR USURPACIÓN DE FUNCIONES; TRÁFICO DE INFLUENCIAS; EJERCICIO ILÍCITO, COALICIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD A INTEGRANTES DEL EXTINTO CPC OAXACA

ANTE EL SECUESTRO ILEGAL DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FUERON INTERPUESTAS DENUNCIAS EN CONTRA DE FRANCISCO PABLO MUNGUIA GAYTÁN; JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN; REYNA MIGUEL SANTILLÁN; LUCILA MARTÍNEZ ALTAMIRANO Y SONIA MORA CRUZ


Sayda Morales Bustamante

Los integrantes del extinto Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, habrían configurado una serie de delitos por no acatar el Decreto Constitucional 2495, por medio del cual fueron extintos del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción. 

Desde el 2022, José Juan Flores Guzmán; Reyna Miguel Santillán; Lucila Martínez Altamirano y Sonia Mora Cruz, han asegurado al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, que ellos habían ganado amparos en contra de dicha Reforma Constitucional y en contra de los nombramientos de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, exhibiendo su ignorancia y el dolo con el que actúan para que de manera ilegal continúen ejerciendo que no les competen, asegurando que con esos amparos pueden continuar ejerciendo facultades.

Conforme a los juicios de amparo 629/2021 (Francisco Pablo Munguía Gaytán); 659/2021 (José Juan Flores Guzmán) ambos conocidos por el Juez Decimoprimero de Distrito en Oaxaca; 602/2021 y 421/2021 (Reyna Miguel Santillán) conocidos por el Juez Primero de Distrito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; 616/2021 Juzgado Décimo de Distrito (Lucila Martínez Altamirano) y 723/2021 y 239/2021 conocidos por el Juez Segundo de Distrito y Segundo Tribunal en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. Los integrantes del extinto Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, no cuentan con protección de la justicia federal, que los ampare para no acatar la Reforma Constitucional del Decreto 2495.

Dichos integrantes habrían hecho del conocimiento del Comité Coordinador integrado por la: Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública (Leticia Elsa Reyes López); Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno (Josué Solana Salmorán); Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ( Sarahí Noriega Ricárdez) Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca (Francisco José Espinoza Santibáñez) Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca ( Jorge Emilio Iruegas Álvarez) y el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción ( Mateo Martínez Martínez), de que había sido amparados por la Justicia Federal, y que estos había "tirado" la Reforma Constitucional por medio del que se crea el Consejo de Participación Ciudadana.

Sin embargo, con fecha 10 de enero de 2024 y 11 de enero de 2024, el Consejo de Participación Ciudadana, hizo del conocimiento al Comité Coordinador de los fallos por medio de los cuales revocan alguna "protección" de la Justicia Federa a favor de los integrantes del extinto CPC. En donde seis Magistrados del Poder Judicial de la Federación, declaran desde agosto de 2023 que la Reforma del Decreto 2495, así como los nombramientos realizados por la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana son constitucionales y legales. En el texto de la sentencia los especialistas en constitucionalidad del Poder Judicial Federal, determinaron que la elección realizada por la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana: "es una elección soberana y autónoma, en la medida de que no se condiciona a que sea aprobada o ratificada por persona alguna u organismo alguno; ya que los soberano de esta facultad deriva de la no exigencia de que en la decisión del Congreso del Estado de Oaxaca, órgano colegiado que expresa la voluntad popular quede sujetos a terceros".

En entrevista con el abogado Lic. Juan José Díaz Morales ( delegado en los juicios de amparo) y asesor jurídico de las víctimas en la carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía manifestó que: "El Poder Judicial de la Federación determinó en sus sentencias que la reforma constitucional siempre fue apegada a derecho, que nunca se trastocaron los derechos humanos de la otra parte y que tras un litigio del Consejo de Participación Ciudadana, pudieron defender el nombramiento de los Consejeros". En los mismos términos hizo del conocimiento que: "la sentencia retrotrae la efectividad de la reforma desde su publicación, es decir, que desde el 2 de junio de 2021 el Decreto 2495 tiene vigencia y a su vez es constitucional, por lo que los hechos ilícitos por parte de integrantes del extinto Comité de Participación Ciudadana se comenzaron a actualizar desde ese momento, al no respetar la Constitución. La sentencia, es clara, el nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana no puede ser sometido a ratificación o aprobación por el Comité Coordinador u otra autoridad. Tras años de litigio, la justicia federal ha hablado, el Consejo de Participación Ciudadana es el real".

De igual forma al preguntarle respecto a las denuncias interpuestas declaró: "el derecho penal, tiene elementos punitivos para restaurar los derechos violentados de la víctima, llevaremos a tribunales la responsabilidad penal de los implicados. En un estado de derecho, no puede ser estar siendo condicionada la Constitución, sobre todo cuando el Poder Judicial ya dio una serie de fallos a favor del Consejo de Participación Ciudadana. Es necesario que el Comité Coordinador le de voz al Consejo de Participación Ciudadana, ya que en el periodo Muratista, no los quisieron escuchar".

La denuncia fue interpuesta el pasado 12 de enero de 2023 en donde las víctimas coadyuvarán con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para dar elementos de prueba para acreditar la responsabilidad penal de los implicados en este ataque a la Constitución y la legalidad


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