ANTE EL SECUESTRO ILEGAL DEL SISTEMA ESTATAL DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FUERON INTERPUESTAS DENUNCIAS EN CONTRA DE FRANCISCO PABLO MUNGUIA GAYTÁN; JOSÉ JUAN FLORES GUZMÁN; REYNA MIGUEL SANTILLÁN; LUCILA MARTÍNEZ ALTAMIRANO Y SONIA MORA CRUZ
Sayda Morales Bustamante
Los integrantes del extinto Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, habrían configurado una serie de delitos por no acatar el Decreto Constitucional 2495, por medio del cual fueron extintos del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.
Desde el 2022, José Juan Flores
Guzmán; Reyna Miguel Santillán; Lucila Martínez Altamirano y Sonia Mora Cruz,
han asegurado al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la
Corrupción, que ellos habían ganado amparos en contra de dicha Reforma Constitucional
y en contra de los nombramientos de los integrantes del Consejo de
Participación Ciudadana, exhibiendo su ignorancia y el dolo con el que actúan
para que de manera ilegal continúen ejerciendo que no les competen, asegurando
que con esos amparos pueden continuar ejerciendo facultades.
Conforme a los juicios de
amparo 629/2021 (Francisco Pablo Munguía Gaytán); 659/2021 (José Juan Flores
Guzmán) ambos conocidos por el Juez Decimoprimero de Distrito en Oaxaca;
602/2021 y 421/2021 (Reyna Miguel Santillán) conocidos por el Juez Primero de
Distrito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del
Decimotercer Circuito; 616/2021 Juzgado Décimo de Distrito (Lucila Martínez
Altamirano) y 723/2021 y 239/2021 conocidos por el Juez Segundo de Distrito y
Segundo Tribunal en Materia Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito.
Los integrantes del extinto Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Estatal de Combate a la Corrupción, no cuentan con protección de la justicia
federal, que los ampare para no acatar la Reforma Constitucional del Decreto
2495.
Dichos integrantes habrían
hecho del conocimiento del Comité Coordinador integrado por la: Secretaría de
Honestidad, Transparencia y Función Pública (Leticia Elsa Reyes López); Órgano
Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno
(Josué Solana Salmorán); Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca ( Sarahí Noriega Ricárdez) Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca
(Francisco José Espinoza Santibáñez) Fiscalía Anticorrupción del Estado de
Oaxaca ( Jorge Emilio Iruegas Álvarez) y el Tribunal de Justicia Administrativa
y Anticorrupción ( Mateo Martínez Martínez), de que había sido amparados por la
Justicia Federal, y que estos había "tirado" la Reforma
Constitucional por medio del que se crea el Consejo de Participación Ciudadana.
Sin embargo, con fecha 10 de
enero de 2024 y 11 de enero de 2024, el Consejo de Participación Ciudadana,
hizo del conocimiento al Comité Coordinador de los fallos por medio de los
cuales revocan alguna "protección" de la Justicia Federa a favor de
los integrantes del extinto CPC. En donde seis Magistrados del Poder Judicial
de la Federación, declaran desde agosto de 2023 que la Reforma del Decreto
2495, así como los nombramientos realizados por la Comisión de Selección del
Consejo de Participación Ciudadana son constitucionales y legales. En el texto
de la sentencia los especialistas en constitucionalidad del Poder Judicial
Federal, determinaron que la elección realizada por la Comisión de Selección
del Consejo de Participación Ciudadana: "es una elección soberana y
autónoma, en la medida de que no se condiciona a que sea aprobada o ratificada
por persona alguna u organismo alguno; ya que los soberano de esta facultad
deriva de la no exigencia de que en la decisión del Congreso del Estado de
Oaxaca, órgano colegiado que expresa la voluntad popular quede sujetos a
terceros".
En entrevista con el abogado
Lic. Juan José Díaz Morales ( delegado en los juicios de amparo) y asesor
jurídico de las víctimas en la carpeta de investigación iniciada ante la Fiscalía
manifestó que: "El Poder Judicial de la Federación determinó en sus
sentencias que la reforma constitucional siempre fue apegada a derecho, que
nunca se trastocaron los derechos humanos de la otra parte y que tras un
litigio del Consejo de Participación Ciudadana, pudieron defender el
nombramiento de los Consejeros". En los mismos términos hizo del
conocimiento que: "la sentencia retrotrae la efectividad de la reforma
desde su publicación, es decir, que desde el 2 de junio de 2021 el Decreto 2495
tiene vigencia y a su vez es constitucional, por lo que los hechos ilícitos por
parte de integrantes del extinto Comité de Participación Ciudadana se
comenzaron a actualizar desde ese momento, al no respetar la Constitución. La
sentencia, es clara, el nombramiento del Consejo de Participación Ciudadana no
puede ser sometido a ratificación o aprobación por el Comité Coordinador u otra autoridad. Tras años de litigio, la justicia federal ha hablado,
el Consejo de Participación Ciudadana es el real".
De igual forma al preguntarle
respecto a las denuncias interpuestas declaró: "el derecho penal, tiene
elementos punitivos para restaurar los derechos violentados de la víctima,
llevaremos a tribunales la responsabilidad penal de los implicados. En un
estado de derecho, no puede ser estar siendo condicionada la Constitución,
sobre todo cuando el Poder Judicial ya dio una serie de fallos a favor del
Consejo de Participación Ciudadana. Es necesario que el Comité Coordinador le
de voz al Consejo de Participación Ciudadana, ya que en el periodo Muratista,
no los quisieron escuchar".
La denuncia fue interpuesta el
pasado 12 de enero de 2023 en donde las víctimas coadyuvarán con la Fiscalía
General del Estado de Oaxaca, para dar elementos de prueba para acreditar la
responsabilidad penal de los implicados en este ataque a la Constitución y la
legalidad