Juan José Díaz Bermúdez/ Análisis
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- A unos meses de cumplirse cinco años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos, el veinticinco de mayo de dos mil siete en la ciudad de Oaxaca. La presentación con vida que anhelan los familiares de estás dos víctimas del crimen de lesa humanidad, cometido según denuncia en la administración de Ulises Ruiz Ortiz y bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no logra llegar, aunque hay esperanza de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario(EPR), según lo confirman en su reciente comunicado de fecha veinticuatro de enero cuando dicen: “Les pedimos que no desmayen pero al mismo tiempo no desesperen porque hay antecedentes históricos de luchadores sociales que habiendo estado en las mazmorras del Estado, fueron devueltos sanos y salvos”.
Hay que reconocer que los guerrilleros tienen fe, sin embargo hay que preguntar, ¿quién los va devolver?, cuando no existe ni un solo antecedente o prueba que los hubieran detenido fuerzas federales o estatales a los comandantes guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto en Oaxaca, solo versiones e leyendas urbanas que se van perdiendo por cierto en el barrio de la Soledad de la capital de Oaxaca, como una razón que limita la esperanza de creer que pudieran ser encontrados o presentados con vida.
Los miembros del EPR, ¿creen que el Estado mexicano aceptará algún día la responsabilidad de un crimen de lesa humanidad? Felipe Calderón hasta hoy no acepta su deuda en los miles de crímenes de lesa humanidad que se cometen todos los días desde que asumió el poder “en su gobierno”, ¿porque tendría que comprometerse con la desaparición de los dos guerrilleros?, donde no hay testigos, no hay pruebas y si represión y muerte.
Lo curioso es que desde 2007 han muerto personajes que se dice sin que se pueda comprobar por cierto, en la detención-desaparición de los dos eperristas: Alejandro Barrita Ortiz, entonces director de la Policía Bancaria Industrial y Comercial, asesinado el 31 de enero de 2008, junto con el Teniente Barrita cayeron abatidos Rafael Alonso Muños empleado de gobierno, Virginia Galán acondicionadora física y premio estatal del deporte 2003, el escolta del funcionario policíaco, Juan Eduardo Prado Pérez. Todos trotaban en la pista del parque “El Tequio”, fueron emboscados por desconocidos, usando en la ejecución fusiles AK47, R-15 y pistolas 9 milímetros. Se encuentra también el caso de Ricardo Rodríguez (a) “El Gigio” comandante de la Policía Ministerial el 8 de marzo de 2008. Aristeo López Martínez ex coordinador de seguridad pública en el municipio de Oaxaca y funcionario de la Policía Federal Preventiva, fue acribillado frente a su hijo el 23 de enero de 2009. El 24 de octubre de 2010, es asesinado con una bala en la cabeza calibre 22 el dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz, cuando se desplazaba a bordo de su camioneta escoltada por policías ministeriales de Oaxaca. Rubén Marmolejo apodado el Dragón, funcionario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca identificado a Jorge Franco Vargas ex Secretario general de Gobierno de Oaxaca y ex dirigente del PRI estatal, es asesinado el 29 de octubre de 2010 en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca junto con Alejandro Núñez considerado escolta del occiso. El 24 de diciembre de 2012 es acribillado el profesor Rafael Rodríguez Vicente, identificado a la sección XXII del SNTE y al EPR, el grupo armado jamás reivindico que el occiso hubiera pertenecido a su organización revolucionaria.
Si vemos son ejecuciones que se han venido dando de manera cronológica. ¿Qué sabían estás personas que se llevaron a la tumba?, ¿fueron ejecuciones para acallarlos al haber participado en la detención y desaparición de los dos guerrilleros? ¿Hablamos de ejecuciones o ajusticiamientos?
La interrogación sigue en pie, de tal manera que a cinco años, los daños colaterales siguen presentándose y los resultados han sido graves.
En la lista hay personas ejecutadas que eran luchadores sociales, policías y colaboradores del sistema, que relación tienen entre si, ¿hasta donde podemos decir que hay concordancia en sus actos y muerte?
Quién los ejecutó sabia que quitaba de enfrente a quién podría ser un testigo de cargo a futuro, ¿o es que pudieron haber sido todos ellos participes de un delito de lesa humanidad? Hasta hoy no se han despejado dudas, será difícil que se logre transparentar este caso porque hay demasiados intereses en juego. La credibilidad del sistema político, del Estado mexicano y la libertad de los autores intelectuales que habrían ordenado desaparecer a los dos comandantes guerrilleros.
El EPR tiene esperanza y fe de encontrar a sus dos miembros con vida, esa esperanza es compartida por miles. Sin embargo, si existe toda una lista de ejecuciones que podrían tener presuntamente una relación entre si, ¿hay expectativas para creer que serán algún día presentados los desaparecidos?
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- A unos meses de cumplirse cinco años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos-desaparecidos, el veinticinco de mayo de dos mil siete en la ciudad de Oaxaca. La presentación con vida que anhelan los familiares de estás dos víctimas del crimen de lesa humanidad, cometido según denuncia en la administración de Ulises Ruiz Ortiz y bajo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no logra llegar, aunque hay esperanza de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario(EPR), según lo confirman en su reciente comunicado de fecha veinticuatro de enero cuando dicen: “Les pedimos que no desmayen pero al mismo tiempo no desesperen porque hay antecedentes históricos de luchadores sociales que habiendo estado en las mazmorras del Estado, fueron devueltos sanos y salvos”.
Hay que reconocer que los guerrilleros tienen fe, sin embargo hay que preguntar, ¿quién los va devolver?, cuando no existe ni un solo antecedente o prueba que los hubieran detenido fuerzas federales o estatales a los comandantes guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto en Oaxaca, solo versiones e leyendas urbanas que se van perdiendo por cierto en el barrio de la Soledad de la capital de Oaxaca, como una razón que limita la esperanza de creer que pudieran ser encontrados o presentados con vida.
Los miembros del EPR, ¿creen que el Estado mexicano aceptará algún día la responsabilidad de un crimen de lesa humanidad? Felipe Calderón hasta hoy no acepta su deuda en los miles de crímenes de lesa humanidad que se cometen todos los días desde que asumió el poder “en su gobierno”, ¿porque tendría que comprometerse con la desaparición de los dos guerrilleros?, donde no hay testigos, no hay pruebas y si represión y muerte.
Lo curioso es que desde 2007 han muerto personajes que se dice sin que se pueda comprobar por cierto, en la detención-desaparición de los dos eperristas: Alejandro Barrita Ortiz, entonces director de la Policía Bancaria Industrial y Comercial, asesinado el 31 de enero de 2008, junto con el Teniente Barrita cayeron abatidos Rafael Alonso Muños empleado de gobierno, Virginia Galán acondicionadora física y premio estatal del deporte 2003, el escolta del funcionario policíaco, Juan Eduardo Prado Pérez. Todos trotaban en la pista del parque “El Tequio”, fueron emboscados por desconocidos, usando en la ejecución fusiles AK47, R-15 y pistolas 9 milímetros. Se encuentra también el caso de Ricardo Rodríguez (a) “El Gigio” comandante de la Policía Ministerial el 8 de marzo de 2008. Aristeo López Martínez ex coordinador de seguridad pública en el municipio de Oaxaca y funcionario de la Policía Federal Preventiva, fue acribillado frente a su hijo el 23 de enero de 2009. El 24 de octubre de 2010, es asesinado con una bala en la cabeza calibre 22 el dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pazos Ortiz, cuando se desplazaba a bordo de su camioneta escoltada por policías ministeriales de Oaxaca. Rubén Marmolejo apodado el Dragón, funcionario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca identificado a Jorge Franco Vargas ex Secretario general de Gobierno de Oaxaca y ex dirigente del PRI estatal, es asesinado el 29 de octubre de 2010 en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca junto con Alejandro Núñez considerado escolta del occiso. El 24 de diciembre de 2012 es acribillado el profesor Rafael Rodríguez Vicente, identificado a la sección XXII del SNTE y al EPR, el grupo armado jamás reivindico que el occiso hubiera pertenecido a su organización revolucionaria.
Si vemos son ejecuciones que se han venido dando de manera cronológica. ¿Qué sabían estás personas que se llevaron a la tumba?, ¿fueron ejecuciones para acallarlos al haber participado en la detención y desaparición de los dos guerrilleros? ¿Hablamos de ejecuciones o ajusticiamientos?
La interrogación sigue en pie, de tal manera que a cinco años, los daños colaterales siguen presentándose y los resultados han sido graves.
En la lista hay personas ejecutadas que eran luchadores sociales, policías y colaboradores del sistema, que relación tienen entre si, ¿hasta donde podemos decir que hay concordancia en sus actos y muerte?
Quién los ejecutó sabia que quitaba de enfrente a quién podría ser un testigo de cargo a futuro, ¿o es que pudieron haber sido todos ellos participes de un delito de lesa humanidad? Hasta hoy no se han despejado dudas, será difícil que se logre transparentar este caso porque hay demasiados intereses en juego. La credibilidad del sistema político, del Estado mexicano y la libertad de los autores intelectuales que habrían ordenado desaparecer a los dos comandantes guerrilleros.
El EPR tiene esperanza y fe de encontrar a sus dos miembros con vida, esa esperanza es compartida por miles. Sin embargo, si existe toda una lista de ejecuciones que podrían tener presuntamente una relación entre si, ¿hay expectativas para creer que serán algún día presentados los desaparecidos?
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