Juan José Díaz Bermúdez
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- Las acciones en contra de la impunidad que el gobierno de Gabino Cué lleva a cabo en contra de la pasada administración, son una obligación ética y moral para sentar un precedente en contra del robo que se cometía en gobiernos abusivos. Es sano que se rompa con la tradición que existía, que al final de cada gobierno, siempre veíamos nuevos millonarios en los pueblos.
Presidentes municipales ladrones, funcionarios que se daban el lujo de tener a sus hijos estudiando en Alemania, mientras el hijo del obrero y el campesino, se conforma con estar a merced de un sindicato chantajista como el de la sección XXII o en Universidades que como la pública es rehén de sindicatos que velan por sus intereses como una verdadera Cosa Nostra.
Gabino Cué tiene el compromiso firme de llevar ante los jueces a todos los funcionarios que pisotearon la ley, a sujetos que sabiendo que robaban al pueblo, persistieron en su acciones dedicadas a sustraer los recursos algunos etiquetados para proyectos productivos como se hizo en lo que fuera la SEDER. O en el Seguro Popular, donde hay un mundo de dinero que no se ha comprobado y por el cual varios funcionarios tendrán que pisar la cárcel.
El gobernador de Oaxaca, surgido del voto popular, debe mantenerse firme, llamar a cuentas a los presuntos violadores de la ley de la pasada administración,, aplicar los recursos penales con objetividad, para evitar caer en la sospecha que se actúa por revanchismo o se práctica una cacería de brujas.
En Oaxaca todos saben que hubo funcionarios en el gobierno de Ulises Ruiz, que se convirtieron en millonarios sin haber jugado a la lotería, algunos tan descarados que robaban impunemente a la vista de testigos, creyendo que su historia jamás se conocería. Hay casos de presuntos robos tan obvios, que dejaron más que cabos sueltos del manejo de los recursos, en algunos casos como en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dinero entregado a líderes sindicales de la sección XXII. También ellos deben de ser expuestos a la Opinión Pública para que haya credibilidad de lo que se esta mostrando, el gobierno de Oaxaca no debe darse el lujo de dejar a un solo presuntos delincuente suelto.
En el marco de estas investigaciones y auditorias, surge la figura de una Comisión de la Verdad, que pondrá en claro los hechos del 2006 que conmocionaron a la gran mayoría de las familias oaxaqueñas. Sin embargo es embarazoso que en esa Comisión, pudiera estar Flavio Sosa Villavicencio. El diputado petista, es respetable como ser humano, pero no debe ser juez y parte, porque a nadie se le olvida que encabezó actos deleznables donde miembros de la APPO cometieron actos fuera de la ley. Quema de autobuses, ataque a policías, incluso la posibilidad de haber actuado presuntamente en eventos donde perdieron la vida profesores y militantes de la APPO.
La Comisión de la Verdad debería estar formada por personajes respetables de la sociedad, que debieron estar al margen de los actos del 2006, no es justo darle armas a quienes desquiciaron a la ciudad o a quienes destruyeron el patrimonio histórico de los oaxaqueños.
El gobernador Cué, no tiene ni debe darle armas a todos aquellos que tratan de borrar evidencias de sus actos fuera de la ley cometidos en el 2006.
La Comisión de la Verdad tiene el compromiso histórico de investigar quién ordenó la creación de las volantas de la muerte, quién ordenó tirotear el canal 9, quién ordenó asesinar profesores, quién mató a Brad Will. Es decir, no puede opinar quien es sospechoso, ni investigar quiñen participo, porque no es ético ni justo.
Aquí debería de estar un grupo de personas que no hayan participado en los actos, que este fuera de toda duda y sobre todo que sean gente honesta y proba. Ya que se trata de una investigación que tendrá como primer objetivo, encontrar con vida a varios desaparecidos, poner en claro quién es responsable de los crímenes de Lesa Humanidad, quién financió a los grupos para militares que presuntamente encabezaba Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas, Pedro Hernández, el extinto Alejandro Barrita, Aristeo Martínez asesinado en circunstancias sospechosas. También entrelazar el asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, el cual está ligado al 2006 aunque se trate de decir lo contrario.
Considerar y proceder en caso necesario para detener y consignar a los funcionarios involucrados en los operativos y a quienes dieron las órdenes, presuntamente, Jorge Franco Vargas y Ulises Ruiz Ortiz.
Parece que el gobernador Cué, tiene una gran responsabilidad histórica en sus manos.
Oaxaca, México (Punto y Aparte).- Las acciones en contra de la impunidad que el gobierno de Gabino Cué lleva a cabo en contra de la pasada administración, son una obligación ética y moral para sentar un precedente en contra del robo que se cometía en gobiernos abusivos. Es sano que se rompa con la tradición que existía, que al final de cada gobierno, siempre veíamos nuevos millonarios en los pueblos.
Presidentes municipales ladrones, funcionarios que se daban el lujo de tener a sus hijos estudiando en Alemania, mientras el hijo del obrero y el campesino, se conforma con estar a merced de un sindicato chantajista como el de la sección XXII o en Universidades que como la pública es rehén de sindicatos que velan por sus intereses como una verdadera Cosa Nostra.
Gabino Cué tiene el compromiso firme de llevar ante los jueces a todos los funcionarios que pisotearon la ley, a sujetos que sabiendo que robaban al pueblo, persistieron en su acciones dedicadas a sustraer los recursos algunos etiquetados para proyectos productivos como se hizo en lo que fuera la SEDER. O en el Seguro Popular, donde hay un mundo de dinero que no se ha comprobado y por el cual varios funcionarios tendrán que pisar la cárcel.
El gobernador de Oaxaca, surgido del voto popular, debe mantenerse firme, llamar a cuentas a los presuntos violadores de la ley de la pasada administración,, aplicar los recursos penales con objetividad, para evitar caer en la sospecha que se actúa por revanchismo o se práctica una cacería de brujas.
En Oaxaca todos saben que hubo funcionarios en el gobierno de Ulises Ruiz, que se convirtieron en millonarios sin haber jugado a la lotería, algunos tan descarados que robaban impunemente a la vista de testigos, creyendo que su historia jamás se conocería. Hay casos de presuntos robos tan obvios, que dejaron más que cabos sueltos del manejo de los recursos, en algunos casos como en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, dinero entregado a líderes sindicales de la sección XXII. También ellos deben de ser expuestos a la Opinión Pública para que haya credibilidad de lo que se esta mostrando, el gobierno de Oaxaca no debe darse el lujo de dejar a un solo presuntos delincuente suelto.
En el marco de estas investigaciones y auditorias, surge la figura de una Comisión de la Verdad, que pondrá en claro los hechos del 2006 que conmocionaron a la gran mayoría de las familias oaxaqueñas. Sin embargo es embarazoso que en esa Comisión, pudiera estar Flavio Sosa Villavicencio. El diputado petista, es respetable como ser humano, pero no debe ser juez y parte, porque a nadie se le olvida que encabezó actos deleznables donde miembros de la APPO cometieron actos fuera de la ley. Quema de autobuses, ataque a policías, incluso la posibilidad de haber actuado presuntamente en eventos donde perdieron la vida profesores y militantes de la APPO.
La Comisión de la Verdad debería estar formada por personajes respetables de la sociedad, que debieron estar al margen de los actos del 2006, no es justo darle armas a quienes desquiciaron a la ciudad o a quienes destruyeron el patrimonio histórico de los oaxaqueños.
El gobernador Cué, no tiene ni debe darle armas a todos aquellos que tratan de borrar evidencias de sus actos fuera de la ley cometidos en el 2006.
La Comisión de la Verdad tiene el compromiso histórico de investigar quién ordenó la creación de las volantas de la muerte, quién ordenó tirotear el canal 9, quién ordenó asesinar profesores, quién mató a Brad Will. Es decir, no puede opinar quien es sospechoso, ni investigar quiñen participo, porque no es ético ni justo.
Aquí debería de estar un grupo de personas que no hayan participado en los actos, que este fuera de toda duda y sobre todo que sean gente honesta y proba. Ya que se trata de una investigación que tendrá como primer objetivo, encontrar con vida a varios desaparecidos, poner en claro quién es responsable de los crímenes de Lesa Humanidad, quién financió a los grupos para militares que presuntamente encabezaba Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas, Pedro Hernández, el extinto Alejandro Barrita, Aristeo Martínez asesinado en circunstancias sospechosas. También entrelazar el asesinato de Heriberto Pazos Ortiz, el cual está ligado al 2006 aunque se trate de decir lo contrario.
Considerar y proceder en caso necesario para detener y consignar a los funcionarios involucrados en los operativos y a quienes dieron las órdenes, presuntamente, Jorge Franco Vargas y Ulises Ruiz Ortiz.
Parece que el gobernador Cué, tiene una gran responsabilidad histórica en sus manos.